Alarmante incremento de feminicidios íntimos en el país exige revisión de políticas públicas

La Fundación Vida sin Violencia ha expresado su profunda preocupación ante el aumento de los feminicidios íntimos en la República Dominicana, registrándose 70 casos en los primeros nueve meses del año. Esta cifra representa un incremento de 23 víctimas en comparación con el mismo periodo del año anterior, dejando además un saldo de 98 niños, niñas y adolescentes en la orfandad.

Yanira Fondeur, presidenta de la entidad, advirtió que las estrategias estatales actuales no están logrando los resultados esperados. La activista cuestionó la efectividad de las órdenes de protección, señalando que al menos cuatro de las mujeres asesinadas este año contaban con este mecanismo, lo que evidencia la necesidad de una mayor coordinación y vigilancia entre la Policía Nacional y el sistema de justicia.

La provincia de Santo Domingo encabeza la lista con 21 casos, seguida por el Distrito Nacional y La Altagracia. Ante esta situación, Fondeur enfatizó que la solución no reside únicamente en el endurecimiento de las penas, sino en la implementación de campañas educativas dirigidas a la población masculina para fomentar el respeto y la corresponsabilidad.

La experta subrayó que la prevención debe comenzar desde la infancia, promoviendo la igualdad de derechos. Asimismo, instó a las familias a mantenerse alerta ante señales de control, humillación o la presencia de armas, especialmente cuando la mujer decide terminar una relación, momento en el cual el riesgo de violencia suele elevarse considerablemente.

Sobre la falta de denuncias previas, que afecta al 89 % de las víctimas según datos de la Procuraduría, Fondeur explicó que factores como el miedo, el aislamiento, la dependencia económica y la desconfianza en las instituciones impiden que muchas mujeres busquen ayuda a tiempo. Por ello, insistió en que la sociedad en su conjunto debe involucrarse para transformar las conductas que originan la violencia.

El mes de septiembre cerró con una serie de crímenes que conmocionaron a diversas comunidades, incluyendo casos en San Carlos, Santiago, Monte Plata y el Distrito Nacional. Estos hechos refuerzan la urgencia de abordar las raíces estructurales del problema, más allá de las medidas legislativas contempladas en el nuevo Código Penal.