Aplazan para el 14 de octubre juicio de fondo del caso Calamar por motivos de salud de imputados
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió este receso en el juicio de fondo que se sigue a varios exfuncionarios y otros acusados en el expediente conocido como caso Calamar. La decisión fue anunciada por la jueza Arlin Ventura, presidenta del tribunal encargado de conocer el proceso judicial.
Durante la audiencia, la magistrada indicó que el aplazamiento busca aclarar de forma precisa la situación de salud de los imputados Rafael Calderón, quien fuera senador por la provincia Azua, y Daniel Caamaño, excontralor general de la República.
La jueza Ventura también señaló que el tribunal aún no se encuentra preparado para decidir sobre la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Calderón. Para ello, explicó que primero resulta necesario estudiar a fondo la resolución emitida por la Corte de Apelación.
Asimismo, el tribunal indicó que tanto el Ministerio Público como los abogados defensores podrán evaluar la conveniencia de separar los expedientes médicos de ambos acusados para evitar mayores retrasos en el desarrollo general del juicio.
Previamente, el envío a esta etapa de juicio de fondo fue ordenado por la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, tras considerar válidas las pruebas presentadas por la fiscalía durante la fase preliminar.
La acusación formal del Ministerio Público involucra a numerosas personas, entre ellas Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.
A este grupo de implicados se les atribuyen cargos que comprenden asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas.
Según la investigación de la entidad persecutora, la red de corrupción habría desviado una cifra superior a los 19,000 millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y cobros en el sector de juegos de azar destinados a sufragar actividades políticas en el año 2020.