Aplazan para el 23 de noviembre recurso de apelación de hombre condenado a 20 años de prisión
La Tercera Sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo aplazó para el próximo 23 de noviembre el conocimiento del recurso de apelación y la revisión de la medida de coerción de un hombre sentenciado a 20 años de prisión, cuyo expediente es señalado por su defensa como prescripto y sustentado en una supuesta prueba documental falsificada.
La decisión fue adoptada por los jueces Darío Gómez, presidente del tribunal, junto a los magistrados titulares Máximo Santiler y Julia Morfa. El aplazamiento tiene como propósito garantizar el traslado del imputado, identificado como Cesar Miguel Trinidad, a la sala de audiencia para el conocimiento del fondo del recurso.
La sentencia recurrida es la número 54804-2026-SSEN-00161, emitida el 13 de mayo de 2026 por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, fallo que además de la pena de reclusión impuso el pago de una indemnización de un millón de pesos por un presunto delito de abuso sexual.
Los abogados de la defensa, doctores Manuel García y Andrés Abrincole García, sostienen que su representado es inocente y que han transcurrido 23 años desde que se incoó la acusación original. Según los juristas, los hechos imputados habrían ocurrido entre 2000 y 2002, la denuncia se presentó en 2024 y el procesamiento judicial se produjo en 2026.
La barra de la defensa argumenta que el proceso se rige por el Código de Procedimiento Criminal que prevalecía en la época, el cual establecía un plazo de prescripción de 10 años para los crímenes, por lo que consideran que la acción penal está extinguida por el paso del tiempo. Asimismo, denunciaron que el expediente contiene una prueba documental falsificada proveniente del Programa de Apoyo a la Investigación y Verificación de Denuncia de Abusos Sexual a Menores de Edad.
De acuerdo con los abogados, dicho documento habría sido remitido al entonces fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, el 25 de julio de 2022, y aportado al tribunal por la querellante Berta Mabel Soto, a quien acusan de actuar con el interés de apropiarse de los bienes del imputado y de sus familiares.
En su recurso de apelación, los representantes legales solicitan la anulación de la sentencia condenatoria por considerar que vulnera la Constitución de la República, que se declare la extinción de la acción penal por prescripción, se ordene la inmediata puesta en libertad del procesado, el cese de las medidas de coerción y el archivo definitivo del expediente. De manera subsidiaria, para el caso de que la prescripción no sea acogida, piden la revocación del fallo dictado por el tribunal de primera instancia.
Fuente consultada: El Nacional. Información elaborada a partir de la fuente indicada; no constituye investigación propia.