Arrestan a ciudadana de origen dominicano acusada de liderar una red de bodas falsas en Massachusetts
Una ciudadana estadounidense de 43 años, originaria de la República Dominicana e identificada como Jennifer González, fue detenida bajo la acusación de encabezar una red dedicada a la celebración de nupcias fraudulentas. El propósito de esta estructura era permitir que inmigrantes indocumentados consiguieran una regularización migratoria en territorio estadounidense.
Las investigaciones señalan que la operación ilegal operó durante más de una década en la localidad de Fall River, en Massachusetts. Las autoridades judiciales estiman que la organización facilitaba entre 18 y 20 enlaces matrimoniales fingidos cada año, cobrando montos que oscilaban entre los 38,000 y 40,000 dólares por cada caso.
Durante la indagatoria, los investigadores interceptaron comunicaciones telefónicas en las que la imputada aseguraba a los interesados que su objetivo era facilitarles la consecución de metas personales y el acceso a la residencia. Asimismo, se documentó que la red instruía a los participantes sobre la creación de evidencias falsas de convivencia, tales como la apertura de cuentas bancarias compartidas, la obtención de seguros de vida y la realización de fotografías para aparentar ser parejas reales.
La documentación del caso indica que la procesada requería la firma de acuerdos de pago y estimaba un plazo de tres a cuatro meses para reunir los expedientes necesarios para las solicitudes migratorias. Se calcula que los beneficios económicos de esta actividad superaron los seis millones de dólares a lo largo del periodo investigado.
Parte de los fondos obtenidos mediante estas acciones ilícitas fue destinada a la adquisición de bienes raíces y terrenos en la República Dominicana. En grabaciones obtenidas por las autoridades, la propia implicada mencionaba que invertía sus excedentes económicos en propiedades y negocios de suministro en su nación de origen.
Ante la capacidad financiera de la sospechosa y sus lazos con el territorio dominicano, la fiscalía federal expresó su preocupación ante un posible riesgo de fuga. Por esta razón, el ministerio público solicitó formalmente la privación de libertad de la acusada para asegurar su presencia en el proceso judicial.
Junto a la presunta cabecilla de la red, las autoridades detuvieron a otras cinco personas identificadas como Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, y Jaylin Hill, de 26 años, quienes estarían vinculadas a los hechos imputados.