Auditoría revela irregularidades en el Conape que incluyen empleados estatales en programas sociales y pagos sin soportes
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente detectó que 15 servidores públicos figuraban como beneficiarios del programa Familias de Cariño durante el año 2024. Estos empleados recibían salarios en otras instituciones del Estado que alcanzaban hasta los 200,000 pesos mensuales mientras participaban en esta iniciativa de atención a adultos mayores.
El informe detalla que 12 de estos servidores públicos estaban registrados como cuidadores y percibían remuneraciones mensuales del programa que oscilaban entre los 5,000 y 15,000 pesos, al tiempo que cobraban sueldos estatales de entre 30,000 y 155,000 pesos. Los tres restantes figuraban en calidad de envejecientes beneficiarios, a pesar de estar incluidos en las nóminas de otras entidades públicas con altos ingresos.
La revisión de las nóminas correspondientes a enero, junio y diciembre de 2024 permitió a los auditores constatar desembolsos por 170,000 pesos mensuales destinados a estos 12 cuidadores. La Contralorfa advirtió que esta situación genera riesgos de inclusión de personas no elegibles, duplicidad de beneficios y un incremento injustificado del gasto público.
El análisis al programa Familias de Cariño, que registró desembolsos totales de 54,395,000 pesos en 2024, también reveló debilidades administrativas. Los expedientes revisados carecían de documentos esenciales como requisitos mínimos, informes médicos, contratos firmados y copias de cédulas de los participantes.
Asimismo, el organismo de control encontró 35 operaciones de pago por un monto conjunto de 162,239,154.94 pesos que carecían de los documentos de respaldo requeridos. Entre los faltantes figuraban el Registro de Proveedores del Estado y certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Tesorería de la Seguridad Social.
En cuanto al personal administrativo del Conape, que sumaba 1,345 empleados al cierre de diciembre de 2024, se identificó la falta de contratos y nombramientos en 111 de los 114 expedientes muestreados. Tampoco se encontraron cartas de no objeción del Ministerio de Administración Pública en 101 de los casos evaluados.
La inspección al parque vehicular de la institución determinó que 15 de los 42 vehículos oficiales no contaban con la debida rotulación exigida por las normativas estatales. Además, la entidad no presentó el título de propiedad correspondiente al edificio donde opera su sede central.
Ante estos hallazgos, el Conape remitió un plan de acción correctiva a la Contraloría en marzo de 2026 para fortalecer los controles internos. Sin embargo, debido a que las situaciones señaladas aún no se consideran totalmente resueltas, la Contraloría mantuvo los casos bajo el estatus de proceso de subsanación.