Caso Jet Set: Juez agrava calificación jurídica y hermanos Espaillat enfrentan penas de hasta 20 años

El magistrado Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, ordenó un cambio en la calificación jurídica del caso relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set. Esta modificación implica que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, anteriormente procesados por homicidio involuntario, podrían enfrentar penas de prisión que oscilan entre los 3 y los 20 años.

Tras esta determinación, el juez González Castillo declinó el expediente hacia un tribunal colegiado de primera instancia. La medida responde a que la sala actual no posee la facultad legal para imponer las penas correspondientes a la nueva calificación jurídica establecida durante el proceso.

La decisión judicial acogió una solicitud presentada por el abogado Luis Aybar, representante de varias de las víctimas, quien pidió sustituir el cargo de homicidio involuntario por el de homicidio culposo o dolo eventual. La mayoría de las barras querellantes respaldó esta petición durante la audiencia.

El magistrado argumentó que, durante el juicio, se demostró que los imputados tenían pleno conocimiento del peligro que representaba la estructura del techo. A pesar de estar al tanto de la situación, los hermanos Espaillat optaron por mantener el establecimiento abierto al público, omitiendo cualquier acción correctiva.

El juez señaló que, aunque la investigación realizada por el Ministerio Público es sólida, la calificación jurídica inicial fue insuficiente. Según el tribunal, los hechos no pueden considerarse un accidente fortuito, sino un suceso que pudo ser evitado si los responsables hubieran actuado con la debida diligencia.

Por su parte, la defensa de los hermanos Espaillat sostuvo que no han surgido elementos nuevos en esta etapa del proceso que justifiquen una variación en la tipificación del delito. No obstante, el tribunal rechazó los argumentos de los abogados de los imputados y procedió con el cambio de calificación.

Con este nuevo escenario, el caso deberá ser conocido desde cero ante el tribunal colegiado correspondiente. La resolución marca un precedente importante, al elevar la responsabilidad penal de los acusados frente a la tragedia que resultó en la muerte de 236 personas.