Comunidad de Oviedo exige la reapertura de zona franca tras medida de Aduanas

Un grupo compuesto por empleados, parientes y habitantes del municipio de Oviedo, en la provincia Pedernales, realizó una manifestación frente a las instalaciones de la zona franca local para expresar su rechazo a la decisión tomada por la Dirección General de Aduanas de clausurar la compañía.

Los manifestantes portaron pancartas y vociferaron consignas en contra de la medida oficial, a la cual calificaron como perjudicial para la subsistencia de la localidad. Indicaron que la empresa constituye el principal soporte económico del municipio y que colabora de manera constante con iniciativas vinculadas a la salud y el deporte en la zona.

Rafael Pérez Matos, representante de los productores agrícolas locales, señaló que la clausura de la única empresa disponible en la demarcación ha generado una situación de precariedad y necesidades básicas insatisfechas entre los residentes.

Por su parte, el alcalde municipal, Ramón Pérez, calificó el panorama como alarmante, ya que la compañía funcionaba como el principal colaborador financiero del cabildo. El funcionario solicitó la intervención directa de las autoridades nacionales para lograr la reactivación de las labores.

La empresa afectada, denominada BG Investment Group, se dedica a la clasificación y reciclaje de textiles usados desde el año 2008 y opera amparada en el régimen de desarrollo fronterizo mediante un certificado con vigencia hasta 2028.

Aduanas dispuso el cierre de la compañía, lo que mantiene paralizadas sus actividades y pone en peligro ochenta y cinco puestos de trabajo directos y más de doscientos empleos indirectos en esa zona del sur del país.

Representantes de la empresa informaron que han aportado más de cuarenta y ocho millones de pesos en tributos aduanales y que las revisiones efectuadas no han hallado evidencias de contrabando. No obstante, cuestionan la retención de nueve contenedores y la modificación en los criterios de tasación de la mercancía.

Ante este escenario, la compañía interpuso un recurso legal ante el Tribunal Constitucional para denunciar la vulneración de sus derechos comerciales y constitucionales, mientras reclama que se le permita reanudar sus operaciones mientras transcurre el proceso de resolución del conflicto.