Congreso evalúa decenas de proyectos para reconfigurar el mapa territorial dominicano

El Congreso Nacional analiza actualmente una serie de iniciativas legislativas que buscan transformar la división política y administrativa de la República Dominicana. A pesar de que el país cuenta con 158 municipios y 32 provincias, existen al menos 26 proyectos en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados orientados a elevar distritos municipales y comunidades a la categoría de municipio.

Estas propuestas abarcan diversas zonas del territorio nacional, incluyendo Santiago, Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, Bahoruco, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Valverde, Samaná y Montecristi. Entre las localidades mencionadas para una posible elevación de categoría se encuentran Santiago Oeste, Hato del Yaque, Gurabo, La Guáyiga, San Luis, Pantoja, Los Botados, Guaricano, Verón-Punta Cana, Caleta, Las Lagunas de Nisibón, La Otra Banda, Hatillo, Hato Damas, Quita Sueño, El Carril, El Palmar, Zambrana, Matancita, Cenoví, Maizal, Arroyo Barril, Cana Chapetón, Villa Elisa y Hatillo Palma.

La agenda legislativa no se limita a la creación de municipios, sino que también contempla la formación de nuevas provincias. Entre los proyectos en discusión destacan la creación de Santa Lucía, que integraría a Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo; y la provincia Matías Ramón Mella, la cual se conformaría mediante la separación de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria de la actual provincia Santo Domingo. Asimismo, se han presentado iniciativas para establecer las provincias de Villa Riva y Río Haina.

Es importante señalar que estas iniciativas se encuentran en fase de estudio y aún no han sido aprobadas ni aplicadas. Cada proyecto propone una reestructuración de los límites territoriales actuales, lo que implicaría cambios significativos en la organización administrativa de las comunidades involucradas.

La creación de estas nuevas demarcaciones conlleva la necesidad de establecer nuevas autoridades locales. Según lo estipulado en los proyectos, la juramentación de los nuevos funcionarios se realizaría conforme a los plazos constitucionales, lo que resultaría en un incremento en el número de alcaldes, regidores y diputados para representar a las nuevas localidades.