Corte IDH ordena a Nicaragua proteger a mujer y sus hijas tras denuncias de violencia sexual

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió este miércoles una resolución de medidas provisionales en la que ordena al Estado de Nicaragua garantizar la vida, integridad y libertad de una mujer identificada como E.J.F.C., así como de sus hijas, C.M.F. y M.M.F. La disposición busca poner fin a la situación de vulnerabilidad de las beneficiarias, cuyo paradero y condiciones de seguridad han sido objeto de denuncias ante el organismo internacional.

El caso tiene su origen en las denuncias formuladas por Santos Sebastián Flores Castillo, hermano de E.J.F.C., quien señaló que su hermana fue víctima de violencia sexual por parte del presidente Daniel Ortega en 2005, cuando ella era menor de edad. Flores Castillo fue condenado en 2013 a quince años de prisión en un proceso que, según la demanda, fue fabricado como represalia por sus denuncias. El hombre falleció bajo custodia estatal en el centro penitenciario La Modelo el 8 de noviembre de 2021.

De acuerdo con los representantes de las víctimas, el paradero de E.J.F.C. y su hija C.M.F., de trece años, se desconoce desde el 21 de marzo de 2025, fecha en la que presuntamente fueron retiradas de su domicilio por agentes estatales. Por su parte, la menor M.M.F., de ocho años, permanece bajo vigilancia y control permanente de agentes del Estado, sin acceso a educación, actividades recreativas o contacto con su familia, según los reportes recibidos por la Corte.

Ante este escenario, la Corte IDH ha requerido a Nicaragua que levante cualquier medida que encubra el paradero de las víctimas y cese el aislamiento de la menor M.M.F., garantizando su acceso a salud y atención psicosocial. Asimismo, el tribunal ordenó al Estado realizar las gestiones necesarias para lograr la reunificación familiar de las tres personas e informar de manera oficial e inmediata sobre su situación actual.

Es importante señalar que Nicaragua se encuentra en desacato ante la Corte IDH desde 2022, tras negarse a cumplir resoluciones previas relacionadas con la liberación y protección de personas opositoras al Gobierno. Desde esa fecha, el Estado nicaragüense ha dejado de responder a las órdenes del tribunal y no acredita representantes para participar en las audiencias convocadas.