Cuentas bancarias inactivas y abandonadas en el país superan los 12,500 millones de pesos

El sistema financiero dominicano registra un incremento significativo en el capital acumulado en cuentas inactivas y abandonadas, alcanzando los 12,591.2 millones de pesos al cierre de agosto de este año. Esta cifra representa un aumento del 9.53 % en comparación con los 11,495.6 millones reportados en el mismo periodo del 2025, consolidando una tendencia de crecimiento que ha duplicado los montos registrados hace una década.
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, este total engloba tanto a personas físicas como a empresas. Actualmente, existen 1,633,733 cuentas inactivas, definidas como aquellas que superan los tres años sin registrar movimientos, las cuales concentran 12,268.9 millones de pesos. Por otro lado, las cuentas abandonadas, que acumulan más de una década sin actividad, totalizan 161,738 registros con un valor de 322.3 millones de pesos.
Aunque el volumen de cuentas inactivas es mayor, las abandonadas han mostrado un ritmo de expansión más acelerado, con un crecimiento interanual del 42.89 %. Ante esta situación, la Superintendencia de Bancos emitió en septiembre la circular CSB-REG-2026000017, que obliga a las entidades financieras a implementar sistemas de alerta y procedimientos internos para localizar a los titulares antes de que sus fondos cambien de estatus.
La normativa establece que cualquier transacción, ya sea por ventanilla, transferencia electrónica o uso de tarjetas de crédito asociadas, reactivará automáticamente las cuentas inactivas sin que esto genere penalidades para el usuario. Asimismo, se exige a las instituciones mantener un registro histórico detallado de los fondos que eventualmente sean transferidos al Banco Central de la República Dominicana.
El proceso para las cuentas abandonadas incluye la publicación de los nombres de los titulares y números de cuenta en medios de comunicación y en el portal web del organismo regulador. Si tras seis meses de este anuncio los fondos no son reclamados, el dinero es transferido de forma definitiva al Banco Central, entidad ante la cual los propietarios deberán gestionar su recuperación.
Finalmente, la disposición regula el manejo de cuentas sujetas a embargos o inmovilizaciones, limitando estas últimas a un máximo de 72 horas sin orden judicial, salvo excepciones legales específicas. En casos de entidades en proceso de liquidación, se ha dispuesto un protocolo de notificación previa de quince días antes de proceder con el traslado de los recursos hacia la autoridad monetaria central.