Defensa de la congresista Ilhan Omar exige al Departamento de Justicia la devolución de objetos incautados

La representación legal de la congresista demócrata Ilhan Omar se dirigió mediante una comunicación formal al Departamento de Justicia para objetar la legitimidad de la requisa efectuada en su vivienda el lunes previo. A través del documento, remitido el viernes, los abogados exigieron la restitución inmediata de los artículos confiscados, lo que abarca su teléfono móvil y su documento de viaje.

En la misiva, los defensores sostuvieron que la intervención policial careció de justificación y legalidad, argumentando que no hay base legítima para señalar a la legisladora por infracciones vinculadas a su condición migratoria o de ciudadanía. Asimismo, requirieron a los fiscales federales la entrega de los registros audiovisuales capturados durante la inspección en la residencia de la funcionaria.

El operativo en la casa de la representante, situada en Washington y ejecutado por personal del Departamento de Seguridad Nacional, se vincula con indagaciones sobre presuntas irregularidades migratorias y de fraude. Versiones periodísticas señalan que el proceso buscaría recabar elementos probatorios para revocar la ciudadanía de la congresista y proceder a su deportación.

Los abogados detallaron en el escrito que el procedimiento no cumplió con las directrices fijadas por el juez que avaló la medida, las cuales establecían la obligación de informar al asesor jurídico general de la Cámara de Representantes antes de llevar a cabo la diligencia. Igualmente, denunciaron que no se proporcionó una copia de la orden judicial a la legisladora ni a sus representantes legales antes del registro, y que se le impidió comunicarse con su equipo legal durante los primeros sesenta minutos de la intervención.

Las pesquisas en curso se enmarcan en acciones previas desplegadas por la administración de Donald Trump en Minesota tras denuncias de fraude en programas de asistencia social, las cuales fueron vinculadas por el mandatario con la comunidad somalí residente en esa demarcación. Fuentes conocedoras del caso apuntan a que la investigación revisa papeles presentados por el padre de la congresista durante la infancia de esta.

En respuesta a estos señalamientos, el Departamento de Justicia calificó la carta de los abogados como un texto repleto de aseveraciones falsas y errores, al tiempo que defendió el apego al debido proceso. Por su parte, la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, declaró a un medio televisivo que el magistrado autorizó la medida debido a la existencia previa de una causa probable.