Defensa Pública alerta sobre crisis de hacinamiento y uso excesivo de prisión preventiva en cárceles dominicanas

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) presentó el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, revelando que el 64.57 % de los reclusos en el país se encuentra bajo la medida de prisión preventiva. Durante el acto, celebrado en la Suprema Corte de Justicia, se enfatizó que esta figura jurídica, que debería ser excepcional, se ha convertido en la norma dentro del sistema judicial dominicano.

Al cierre del año 2025, la población penitenciaria total alcanzó las 23,270 personas. De este grupo, 15,025 individuos permanecen a la espera de un juicio, mientras que solo 8,156 cuentan con una sentencia definitiva. El director de la institución, Rodolfo Valentín Santos, expresó su preocupación por el impacto negativo que este fenómeno genera en la capacidad del Estado para ofrecer condiciones de vida dignas a los internos.

El hacinamiento se ha consolidado como uno de los retos más críticos, con una sobrepoblación de 6,913 personas. Aunque el sistema cuenta con una capacidad instalada para 16,357 plazas, actualmente opera con una tasa de ocupación del 142.26 %. Esta saturación obliga a muchos reclusos a pernoctar en pasillos, sobre el suelo o en estructuras improvisadas denominadas goletas.

La composición demográfica de los centros indica que el 96.96 % de los internos son hombres, mientras que el 3.04 % corresponde a mujeres. La Defensa Pública subrayó la necesidad de implementar políticas diferenciadas para la población femenina, siguiendo las Reglas de Bangkok, y de brindar una atención especializada a los adolescentes en conflicto con la ley, conforme a las Reglas de Beijing.

El informe también documentó carencias estructurales y operativas, incluyendo deficiencias en los servicios de salud, escasez de medicamentos y falta de vehículos para traslados médicos o judiciales. En recintos como la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, se reportaron condiciones de insalubridad, humedad y presencia de plagas, lo que agrava la situación de los detenidos.

A pesar de los desafíos, la institución reconoció progresos significativos en la reforma del sistema, tales como el cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el traslado de reclusos hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Asimismo, se valoró positivamente el fortalecimiento de los programas educativos y la construcción de nuevas instalaciones para adolescentes en La Vega.

Finalmente, la ONDP instó a las autoridades a impulsar políticas públicas que permitan reducir el uso de la prisión preventiva y mejorar la gestión penitenciaria. El organismo reiteró que el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad son pilares fundamentales para el fortalecimiento del Estado de derecho en la República Dominicana.