Defensa Pública alerta sobre vulnerabilidades de seguridad en cárceles de Puerto Plata y Najayo
La Oficina Nacional de Defensa Pública ha revelado deficiencias críticas en la seguridad de los centros de corrección y rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata, y Najayo, en San Cristóbal. Según su reciente informe sobre condiciones de detención, la infraestructura de ambos recintos facilita el ingreso de objetos prohibidos mediante el lanzamiento de paquetes desde el exterior.
Esta práctica, conocida como bombardeo de palomas, permite la entrada recurrente de drogas, teléfonos celulares y armas blancas. En el caso del centro San Felipe, las características y la altura de los muros perimetrales han sido señaladas como factores que favorecen el acceso de estos artículos ilícitos, afectando los programas de reinserción social.
En el centro de Najayo, la situación se ve agravada por su proximidad a la autopista 6 de Noviembre, lo que facilita el contrabando. Las autoridades del recinto han reportado que esta vulnerabilidad ha derivado en conflictos entre internos, vinculados al consumo de sustancias y disputas por actividades ilícitas, situaciones que son gestionadas mediante protocolos de separación preventiva.
El informe también destaca una problemática interna en Najayo: la fabricación de armas blancas por parte de los reclusos. Los internos aprovechan el deterioro de la infraestructura, extrayendo varillas y cables de paredes y otras áreas, lo que evidencia además problemas de mantenimiento y filtraciones en las instalaciones.
A pesar de estas fallas de seguridad, el centro de Najayo mantiene indicadores positivos en cuanto a habitabilidad. Con una población de 809 internos para una capacidad de 816, el recinto no presenta hacinamiento y garantiza acceso a servicios básicos como agua potable, atención médica y programas educativos.
Ante este panorama, la Defensa Pública ha instado a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales a reforzar la vigilancia perimetral. Entre las recomendaciones se incluye la instalación de barreras físicas, el aumento de patrullajes preventivos y una mayor coordinación con los organismos de seguridad para impedir que objetos prohibidos lleguen a manos de los reclusos.