Defensa Pública: el recurso ante la imposibilidad de pagar representación legal
La falta de recursos económicos para contratar un abogado privado representa un desafío crítico para muchas familias dominicanas que enfrentan procesos penales. Juana Disla, quien buscaba representación para su sobrino de 18 años, relató que tras recibir solicitudes de honorarios de hasta 100,000 pesos, montos inalcanzables para su situación, acudió a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP). Gracias a esta institución, que ofrece asistencia legal gratuita, el joven obtuvo una defensora que logró su salida de la cárcel de Najayo tras revisar su expediente, sin que la familia tuviera que cubrir costos.
Entre 2021 y 2025, la Defensa Pública recibió 121,746 casos nuevos y registró más de 595,000 atenciones. Según datos oficiales, los expedientes ingresados aumentaron un 26.3 % en ese periodo, mientras que las medidas de prisión preventiva en procesos atendidos por la institución crecieron un 33.8 %. Asimismo, las garantías económicas consideradas de imposible cumplimiento se duplicaron, pasando de 1,106 a 2,245 en cinco años.
Rodolfo Valentín Santos, director de la ONDP, señaló que la institución enfrenta un déficit de 250 defensores, ya que los actuales manejan entre 300 y 500 casos cada uno. Esta sobrecarga laboral, que obliga a los abogados a participar en hasta diez audiencias diarias, limita el tiempo disponible para el estudio de los procesos. Aunque la institución ha incorporado nuevos profesionales, las limitaciones presupuestarias, donde el 90 % de los recursos se destina a nómina, dificultan la expansión del personal necesario para atender la creciente demanda.
Expertos en derecho, como Carlos Salcedo Camacho y Cirilo de Jesús Guzmán López, subrayan que la defensa técnica es una garantía fundamental y no un privilegio. Salcedo enfatizó que la efectividad de la asistencia no depende de los honorarios, sino de la diligencia del profesional, mientras que Guzmán López advirtió que el Estado debe asegurar que los defensores estén debidamente preparados para evitar resultados adversos en los procesos judiciales.
Aunque la Defensa Pública tiene cobertura nacional, aún no dispone de oficinas abiertas al público en Constanza, Dajabón, Nagua, Samaná y El Seibo, localidades donde, no obstante, se continúa brindando asistencia. Para los ciudadanos, como Disla, la institución se ha convertido en una alternativa esencial para garantizar el derecho a la defensa cuando los costos del sector privado superan sus posibilidades económicas.