Derechos Humanos cuestiona la estrategia de seguridad letal y advierte riesgos para el turismo

El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, expresó su rechazo a la estrategia de seguridad sustentada en la respuesta letal frente a la criminalidad en el territorio nacional. El activista catalogó como violaciones a los derechos fundamentales los fallecimientos de supuestos antisociales durante alegados enfrentamientos armados con miembros de la institución del orden.

Durante sus declaraciones, Almánzar indicó que el incremento de estos episodios evidencia una estrategia orientada exclusivamente a la reacción y carente de acciones preventivas efectivas. Asimismo, cuestionó la ausencia de resultados concretos por parte de los organismos estatales encargados de atender los orígenes de la actividad delictiva en el país.

El representante de la entidad defensora de los derechos ciudadanos mencionó al Ministerio de Interior y Policía, al Consejo Nacional de Drogas y al Ministerio de la Juventud como las dependencias que deberían intensificar sus labores de prevención. Hizo especial énfasis en la necesidad de proteger a los sectores juveniles que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social.

Adicionalmente, el dirigente social criticó la labor preventiva de la unidad antipandillas de la Policía Nacional y puntualizó que el combate a la delincuencia no puede dejarse exclusivamente en manos del personal policial encargado de la persecución. En este sentido, abogó por una mayor corresponsabilidad institucional en las tareas de seguridad ciudadana.

El titular del organismo protector también dirigió sus críticas hacia el sistema de justicia, solicitando una revisión de los fallos que facilitan la liberación de individuos procesados por delitos de gravedad. Citó como ejemplo el caso de un joven de 19 años identificado como Peluche, quien acumulaba múltiples arrestos previos por posesión de armas prohibidas y señalamientos por homicidio.

Ante situaciones de presunta impunidad, Almánzar propuso investigar la actuación de magistrados, fiscales, miembros policiales y profesionales del derecho cuando existan indicios de irregularidades. Por otra parte, advirtió que las muertes atribuidas al grupo denominado los 29, de confirmarse como ejecuciones ilegítimas, constituyen un grave perjuicio para la sociedad.

El dirigente concluyó advirtiendo sobre las consecuencias negativas que la difusión de supuestos abusos policiales a través de plataformas digitales podría generar en la reputación internacional y en la industria turística dominicana. Por último, instó a rescatar los lineamientos de la reforma policial enfocados en la labor comunitaria y la proximidad con la ciudadanía.