Diferencias de criterio legal sobre el uso de dinero depositado por error en cuentas bancarias

Un debate jurídico surge en el sistema judicial dominicano acerca de la calificación legal aplicable cuando una entidad financiera deposita fondos por equivocación en la cuenta de un ciudadano y este los utiliza. Mientras el Ministerio Público califica la acción como robo y abuso de confianza, sectores de la judicatura sostienen que se trata de un cuasidelito.

El caso que ejemplifica esta discrepancia se remonta a noviembre de 2015, cuando un empleado del Ministerio de Educación recibió por error once millones de pesos en lugar de su salario habitual de once mil cuatrocientos setenta y uno pesos. El trabajador, identificado como Julio Guerrero Alcántara de cincuenta y tres años, gastó cuatro millones de pesos de esa suma.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa procedió al arresto del empleado y solicitó prisión preventiva bajo los cargos de robo y abuso de confianza. Sin embargo, al conocer la solicitud de medida de coerción, el entonces juez Alejandro Vargas rechazó la postura del Ministerio Público.

Vargas, actual magistrado del Tribunal Constitucional, dispuso la libertad inmediata del imputado al considerar que no existía una infracción penal, sino un cuasidelito derivado de un pago indebido. El juez argumentó que este tipo de situaciones genera un cuasicontrato que debe resolverse en la jurisdicción civil mediante los artículos mil trescientos setenta y seis y siguientes del Código Civil.

Durante el proceso, el Ministerio de Educación explicó que el error ocurrió cuando una empleada procesó el depósito millonario en lugar del sueldo correspondiente al ascenso del trabajador. Por su parte, la institución bancaria sostuvo que el beneficiario debió reportar la anomalía al percatarse de los fondos recibidos.

El imputado declaró ante el tribunal que al acudir a retirar su salario un cajero le indicó que poseía más de ocho millones de pesos en su cuenta. Añadió que, tras expresar su sorpresa y recibir la indicación de que el dinero era suyo, procedió a retirar cuatro millones de pesos en partidas de doscientos mil pesos para saldar deudas personales.

A nivel legal, el ámbito civil obliga al ciudadano a restituir los fondos entregados por equivocación. De no cumplir con la devolución del dinero, el imputado se expone al embargo de sus bienes por parte de la entidad bancaria.