Dirección de Juegos de Azar entra en funciones con nuevas restricciones al sector
La Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) ha comenzado formalmente sus operaciones este martes 13 de octubre, marcando el inicio de una nueva etapa administrativa bajo la dirección de Teófilo Tabar. La entidad ha emitido dos resoluciones clave que buscan regular y supervisar el funcionamiento de los establecimientos de apuestas en todo el territorio nacional.
La Resolución 01-2026 establece la prohibición inmediata de abrir nuevas bancas de lotería, agencias o puntos de venta. Asimismo, se restringe la instalación de máquinas de juegos en espacios que la ley considera prohibidos, instando a los propietarios de negocios que operen fuera de la normativa a realizar un cierre voluntario.
La normativa advierte que el incumplimiento de estas disposiciones conllevará sanciones severas. En caso de detectarse infracciones, las penalidades podrían afectar no solo al establecimiento específico, sino extenderse a otros negocios vinculados y a los sorteos de lotería gestionados por el mismo operador.
Para fortalecer la fiscalización, la DGJA ha implementado un sistema institucional de recepción de denuncias y reclamaciones. Este mecanismo permitirá dar seguimiento a irregularidades como la falta de pago de premios, prácticas fraudulentas y la operación de locales sin la debida autorización legal.
La institución aclaró que tiene la facultad de iniciar investigaciones de oficio o basadas en denuncias documentadas, sin que sea estrictamente necesaria una inspección presencial previa para activar los procesos legales correspondientes.
Por otro lado, la Resolución 02-2026 otorga un plazo de 30 días calendario a los operadores para que reporten cualquier establecimiento instalado de manera irregular. Durante este periodo, también deberán declarar situaciones de dualidad o multiplicidad de modalidades de juego que operen bajo un mismo permiso.
Finalmente, se ha dispuesto la creación de una mesa técnica de análisis y conciliación. Este equipo de trabajo sectorial tendrá la responsabilidad de gestionar y resolver los conflictos que surjan entre los distintos actores del sector durante el proceso de regularización.