El costo político y las redes obsoletas frenan la solución al sector eléctrico dominicano

Los problemas históricos que afectan al sistema eléctrico del país se mantienen vigentes porque las administraciones gubernamentales han preferido evadir el costo político que implica combatir el fraude en el consumo de energía y ordenar las conexiones informales.

Según declaraciones del asesor energético José Paulino, las autoridades de distintos periodos han retrasado la ejecución de acciones para la regularización de sectores residenciales y la sanción del dolo eléctrico con el fin de prevenir posibles conflictos sociales.

El especialista detalló que una proporción significativa de la inactividad ante estas irregularidades obedece a cálculos políticos, lo que resulta en que el impacto financiero sea asumido por el Estado a través de transferencias para cubrir el déficit de las empresas distribuidoras.

Asimismo, el experto puntualizó que las conexiones sin autorización, la alteración de contadores y la energía que no se factura disminuyen los ingresos de las compañías de distribución, deteriorando su situación económica.

Por otra parte, Paulino descartó que la causa de los constantes cortes de servicio sea la falta de producción de energía, ya que el parque de generación cuenta con la capacidad necesaria para cubrir la demanda de la nación.

El análisis técnico señala que la dificultad actual se concentra en las redes de transporte y distribución, además de la falta de sincronización entre el crecimiento de proyectos inmobiliarios en Santo Domingo y las inversiones requeridas en infraestructura.

La situación financiera de las distribuidoras provoca que se realicen cortes selectivos en ciertos circuitos para disminuir el suministro que no prevén cobrar, afectando de manera directa a los ciudadanos que cumplen puntualmente con el pago de sus facturas.

Para superar esta crisis, el especialista propuso actualizar la infraestructura, optimizar el mantenimiento, revisar las adquisiciones técnicas, fortalecer las sanciones de la Superintendencia de Electricidad y asumir una voluntad política orientada a erradicar las pérdidas.