El crecimiento económico en República Dominicana choca con una alta tasa de pobreza laboral
Un reciente estudio elaborado por el Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Juan Bosch pone sobre la mesa una profunda contradicción nacional. A pesar del dinamismo financiero que ha mostrado el país durante las últimas décadas, este progreso no se refleja de manera equitativa en la calidad de vida de la clase trabajadora.
Los datos revelan que el año pasado el 39.7 por ciento de los habitantes se encontraba en condiciones de pobreza laboral, mientras que el 12.1 por ciento sufría de pobreza laboral extrema. Estas cifras demuestran que contar con un puesto de trabajo ya no asegura los recursos mínimos para cubrir las necesidades básicas de un hogar.
Durante el mismo periodo, el ingreso laboral promedio mensual se situó en 31,332 pesos, una cifra distante de los 47,208.10 pesos que costaba la canasta familiar nacional. Incluso los promedios del sector formal, calculados en 38,891 pesos, se ubicaron por debajo de dicho costo, al igual que los ingresos del sector informal, que apenas llegaron a 24,761 pesos.
Otro de los puntos críticos señalados en la investigación es la marcada diferencia entre la producción y las remuneraciones reales. Entre 2018 y el año pasado, la productividad del trabajo aumentó un 33.8 por ciento, al tiempo que las percepciones reales por hora solo subieron un 12.8 por ciento, evidenciando que la riqueza generada avanzó a un ritmo significativamente mayor que los salarios.
La investigación también expone disparidades significativas entre géneros, ya que el año pasado la pobreza laboral afectó al 43 por ciento de las mujeres frente al 36.4 por ciento de los hombres. Además, el salario promedio femenino se fijó en 26,670 pesos, quedando por debajo de los 32,692 pesos percibidos por el sector masculino.
Ante este escenario, los expertos señalan la urgencia de aplicar medidas que optimicen la revisión salarial, impulsen la formalización laboral con protección social y fomenten la capacitación. El objetivo principal es lograr que el desarrollo financiero nacional se traduzca en un bienestar compartido y en remuneraciones justas para toda la ciudadanía.