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El debate penitenciario se centra en el ingreso de celulares y la seguridad en los recintos

El debate penitenciario se centra en el ingreso de celulares y la seguridad en los recintos

Un video difundido desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras generó cuestionamientos sobre el control en las cárceles dominicanas. En las imágenes se observa a privados de libertad, entre ellos Ángel David Medina Paredes, conocido como Guindo y líder de la banda Los Fantasmas, compartiendo de manera distendida mientras usan internet y manipulan sustancias prohibidas.

La situación reabrió la discusión institucional sobre la colocación de tecnología para bloquear señales móviles. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, explicó que implementar inhibidores en recintos cercanos a zonas pobladas interrumpe el servicio en los sectores aledaños, aunque su uso es más factible en lugares aislados como El 15 de Azua o Las Parras.

Durante una entrevista en el programa radial El Mañanero, Gómez Mazara indicó que la institución entregó un desembolso histórico de 300 millones de pesos a la Procuraduría para el bloqueo celular en las cárceles. Además, señaló que el problema principal radica en la corrupción dentro de los controles de acceso del modelo penitenciario.

Estadísticas oficiales revelan que el 36 por ciento de los robos en el país tiene como objetivo la sustracción de teléfonos celulares. Asimismo, el 90 por ciento de las llamadas delictivas y extorsivas se efectúa utilizando dispositivos operados por internos desde el interior de los penales.

Ante los hallazgos, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que mantiene operativos continuos y requisas en los recintos del país. La entidad decomisó teléfonos y otros objetos no autorizados a cinco privados de libertad en Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

Las autoridades advirtieron que el Operativo Nacional para la Erradicación de Ilícitos continuará en todos los centros penitenciarios. El organismo indicó que someterá a la justicia a familiares, abogados y miembros del personal penitenciario que faciliten el ingreso de elementos prohibidos.

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