El Gobierno prioriza a las mipymes industriales nacionales en las compras de programas sociales

La administración del presidente Luis Abinader estableció que las contrataciones públicas destinadas a programas sociales especiales sean asignadas de manera exclusiva a micro, pequeñas y medianas empresas industriales de producción local. Esta medida busca estimular la economía nacional y fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 672-26 y abarca las adquisiciones vinculadas a iniciativas de asistencia alimentaria, combate a la pobreza, entrega de vestimenta, suministros escolares y salvaguarda de poblaciones vulnerables. Los artículos adquiridos deberán ser elaborados en el país y comprados directamente a los fabricantes, a menos que exista una autorización escrita por parte del productor para utilizar intermediarios.

El alcance de la normativa incluye a múltiples organismos estatales, tales como el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Policía Nacional y la Dirección de Desarrollo Social Supérate. Asimismo, abarca al Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Promese/CAL y otras dependencias oficiales, aplicándose únicamente en los procesos vinculados a los programas señalados.

Las contrataciones se llevarán a cabo por medio de mecanismos de selección competitiva, respetando lo dispuesto en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento. Antes de apartar una compra para este sector, los organismos públicos revisarán el Registro de Proveedores del Estado para verificar la existencia de oferentes idóneos.

Para calificar en estos procesos, las empresas deberán poseer un registro industrial expedido por Proindustria y la acreditación de mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, incluyendo la modalidad dirigida a mujeres si corresponde. Adicionalmente, se instituirá una Mesa de Articulación Interinstitucional para supervisar la ejecución y los resultados de la directriz.

Los bienes adquiridos tendrán que ajustarse a las normas de calidad nacionales vigentes. En ausencia de una regulación técnica específica para algún artículo, el Instituto Dominicano para la Calidad asumirá la responsabilidad de priorizar su creación según sus atribuciones y recursos financieros disponibles.