El Poder Ejecutivo emite decreto para ordenar y asegurar las inversiones tecnológicas estatales

El Gobierno dominicano promulgó el Decreto 714-26 para regular la coordinación e interés estratégico de la infraestructura digital del Estado. La normativa busca alinear las inversiones tecnológicas de las entidades públicas, disminuir los gastos duplicados y elevar la seguridad y la eficiencia en la entrega de servicios digitales a la población.

El Ministerio de Administración Pública fue designado como la entidad encargada de aplicar esta disposición. La institución tendrá la responsabilidad de coordinar la identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones tecnológicas que se cataloguen como estratégicas.

Sigmund Freund, titular de la cartera, indicó que la medida pretende eliminar la dispersión en el presupuesto tecnológico y prevenir que las dependencias estatales ejecuten gastos sin conexión entre sí. De acuerdo con el funcionario, cada recurso destinado a la tecnología responderá a una planificación unificada para garantizar servicios públicos seguros, accesibles y eficientes.

El artículo 6 del decreto otorga la categoría de interés estratégico nacional a la integración y modernización de la infraestructura digital soberana. Esta acción persigue optimizar la calidad, continuidad y la interoperabilidad de las herramientas estatales mediante una evaluación técnica previa o una gestión conjunta entre los organismos involucrados.

Como parte de las directrices, las oficinas del Poder Ejecutivo necesitarán un informe de evaluación técnica del Ministerio de Administración Pública antes de tramitar la compra de plataformas tecnológicas complejas. Con este paso se pretende asegurar la sostenibilidad y la racionalidad en el manejo de los fondos públicos.

La normativa también abre la puerta para realizar compras conjuntas entre ministerios y otras dependencias con el fin de generar economías de escala. Para apoyar estas acciones se formó la Comisión Técnica Interinstitucional, integrada por diversas dependencias gubernamentales orientadas a articular las decisiones estratégicas en el área.

En materia de soberanía digital, el reglamento exige que las aplicaciones garanticen la interoperabilidad y la portabilidad, prohibiendo contratos que creen dependencia comercial exclusiva. Asimismo, la normativa fija pautas de supervisión humana y transparencia para el uso de inteligencia artificial, sin eximir a las entidades del cumplimiento de las leyes de contrataciones, presupuesto y protección de datos.