El volumen de órdenes de arresto supera ampliamente la capacidad de tres recintos carcelarios principales

Un reporte reciente emitido por la Policía Nacional revela que existen 53,877 órdenes de arresto vigentes en el territorio nacional contra personas señaladas por diversos delitos. Estos ciudadanos son considerados prófugos de la justicia y se les vincula con infracciones que van desde robos y violencia intrafamiliar hasta agresiones físicas y homicidios.

La magnitud de esta cantidad de requerimientos judiciales pone de manifiesto una limitación severa en la infraestructura del sistema penitenciario dominicano. Al analizar la situación de tres de las cárceles más importantes del país, resalta una diferencia notable frente al volumen total de individuos buscados por las autoridades.

La Penitenciaría Nacional de La Victoria posee una capacidad de diseño original calculada entre 2,000 y 2,103 espacios. No obstante, este penal ha albergado históricamente a más de 9,000 reclusos y actualmente transita hacia un proceso de traslado hacia el complejo de Las Parras.

Por su parte, el establecimiento penitenciario de Najayo cuenta con 1,137 plazas destinadas a la población masculina y 515 espacios para el área de mujeres. Esto suma un total general de 1,652 lugares disponibles dentro de ese recinto.

En lo que respecta al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, su capacidad final ha sido proyectada en un rango de 7,000 a 8,800 internos. Actualmente, este complejo funciona de manera parcial con aproximadamente 4,800 plazas listas en sus fases iniciales.

Al acumular las cifras máximas, tomando la capacidad de diseño original de La Victoria, las plazas totales de Najayo y la proyección más alta de Las Parras, el sistema alcanza un límite aproximado de 12,555 espacios.

Incluso tomando en cuenta la sobrepoblación superior a los 6,000 internos que tradicionalmente ha soportado La Victoria, el espacio disponible en estos tres puntos no llega a cubrir la mitad de los ciudadanos requeridos por los tribunales.

De ejecutarse la totalidad de las órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, los recintos actuales carecerían por completo del espacio físico necesario para alojar a los detenidos.