Estados Unidos impone restricciones financieras a la Corte Penal Internacional

El gobierno estadounidense informó este viernes sobre la implementación de medidas punitivas contra la Corte Penal Internacional. El propósito anunciado por el Departamento de Estado es salvaguardar la soberanía nacional y proteger a los ciudadanos del país norteamericano.

El anuncio se dio a conocer el mismo día en que la exjueza de dicho tribunal, Navi Pillay, recibió el Premio Nobel de la Paz. A pesar de la coincidencia temporal, el secretario de Estado, Marco Rubio, no hizo mención al galardón durante su alocución oficial.

Rubio argumentó que las restricciones buscan evitar que los funcionarios elegidos y el personal de seguridad sean procesados judicialmente. Asimismo, el funcionario advirtió que la administración del presidente Donald Trump buscará detener el funcionamiento de la institución jurídica.

A pesar de las medidas restrictivas, Washington otorgó un plazo de seis meses a la corte con sede en La Haya. Este compás de espera pretende dar tiempo a los Estados miembros para demostrar acciones concretas ante las inquietudes planteadas por el gobierno estadounidense.

Por su parte, la Corte Penal Internacional calificó las sanciones como un atentado contra el Estado de derecho internacional. Desde el tribunal con sede en Países Bajos señalaron que esta decisión cuestiona el principio de que ninguna persona se encuentra por encima de la ley.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó la medida como un perjuicio severo para la justicia internacional. Su postura fue respaldada por organizaciones y gobiernos extranjeros que manifestaron su respaldo al tribunal.

La Comisión Europea lamentó las restricciones y afirmó que el bloque europeo se encuentra listo para aplicar las acciones necesarias que garanticen la continuidad de las labores del tribunal. Japón también expresó su respaldo a la entidad.

En contraste, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, catalogó al tribunal como una entidad política y no como un órgano judicial. Organizaciones como Amnistía Internacional exigieron resistencia coordinada frente a las sanciones impuestas por Washington.