Ex agentes policiales acuden al Tribunal Constitucional por desvinculaciones debido a embarazos
Un grupo de mujeres ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de varias medidas aplicadas por la Policía Nacional. Las afectadas sostienen que fueron apartadas de la entidad del orden tras quedar en estado de gestación una vez finalizada su etapa de formación.
El asunto fue examinado durante una sesión pública celebrada este miércoles, espacio en el cual la alta corte evaluó las argumentaciones correspondientes a quince expedientes diferentes. Entre las reclamantes figuran Fernanda Ramón Sánchez, con ocho meses de embarazo y nueve meses en la institución, además de María Elizabeth Moreno, quien presenta seis meses de gestación, junto a Wendy Carolina Moreno Amancio.
De acuerdo con los relatos ofrecidos durante la audiencia, tras concluir el entrenamiento y el periodo de pasantía, las afectadas fueron citadas para la entrega de los uniformes de graduación. En ese momento, según manifestaron, las trasladaron al centro médico policial para someterlas a exámenes de embarazo y sonografías transvaginales, para luego presentarlas ante un consejo disciplinario sin asistencia legal independiente.
El representante legal de las demandantes, el abogado Eddy Paulino, señaló que la promoción estaba compuesta por más de un millar de cadetes y que, tras evaluar a las mujeres, seis dieron positivo y terminaron separadas de sus puestos. Asimismo, el jurista indicó que durante el proceso se presentaron situaciones donde supuestamente se sugería la interrupción del embarazo a algunas aspirantes.
Por su parte, Fernanda Ramón Sánchez explicó que las autoridades le indicaron que no podía realizar labores de patrullaje en las calles debido a la falta de asignaciones disponibles para funcionarias embarazadas. Las afectadas cuestionan la validez de diversos apartados de la Ley 590-16, incluyendo la normativa que otorga al director general de la institución la facultad de cancelar nombramientos.
La acción legal también objeta el marco disciplinario que clasifica las faltas y determina las sanciones aplicables, entre ellas la suspensión temporal sin goce de sueldo o la destitución. De igual manera, los recurrentes han puesto en entredicho disposiciones contenidas en el Estatuto de la Carrera Policial y en el Reglamento Académico de la Escuela de Entrenamiento.
Según la representación legal, el reglamento académico incluye una directriz que insta a las agentes a procurar no embarazarse, un mandato que consideran vulnera sus derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional deberá emitir su fallo tras analizar los argumentos presentados por ambas partes en torno a este conflicto normativo y laboral.