Fiscal del Distrito Nacional analiza cambio de calificación jurídica en caso Jet Set

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, se refirió este miércoles a la reciente modificación de la calificación jurídica en el proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, implicados en el desplome del techo de la discoteca Jet Set. Ramos sostuvo que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, considera que la figura del dolo eventual no era aplicable bajo la legislación dominicana, aunque manifestó una satisfacción personal ante el cambio de tipificación del caso.

La funcionaria subrayó la distinción entre su valoración profesional y su postura como ciudadana ante la tragedia, la cual calificó como uno de los eventos más significativos ocurridos en el país en años recientes. Según Ramos, el caso posee una carga emocional particular, pero insistió en la necesidad de mantener la objetividad técnica al analizar los fundamentos legales que permitieron la modificación.

Respecto a la viabilidad del proceso, la fiscal descartó que el cambio de calificación provoque un fracaso judicial. Explicó que el Primer Tribunal Colegiado, compuesto por tres juezas, tendrá la facultad de valorar las pruebas presentadas y determinar la calificación definitiva, independientemente de si se procesa como homicidio involuntario o dolo eventual. Ramos enfatizó que esta transición hacia un tribunal colegiado no afectará negativamente el curso de las investigaciones.

Sobre los motivos del juez que dispuso el cambio, la fiscal señaló que el magistrado basó su decisión en la posibilidad de que los imputados conocieran los problemas estructurales del establecimiento y hubieran tenido la oportunidad de corregirlos antes del colapso. La defensa de los hermanos Espaillat, por su parte, ha recurrido la decisión al considerar que la aplicación del dolo eventual vulnera principios del ordenamiento penal vigente.

El proceso judicial se deriva del desplome del techo de la discoteca Jet Set ocurrido el 8 de abril de 2025, suceso que resultó en el fallecimiento de 236 personas y dejó a más de 180 heridas. La responsabilidad penal de los acusados y la calificación final de los hechos quedan ahora bajo la determinación del tribunal competente.