Frente Amplio cuestiona derogación de decreto que protegía la producción arrocera nacional

El partido Frente Amplio manifestó su firme oposición a la reciente anulación del Decreto 693-24 mediante la emisión del Decreto 635-26. La organización política advirtió que esta medida elimina el régimen arancelario que resguardaba a los productores locales de arroz, exponiéndolos a una competencia externa desigual.

María Teresa Cabrera, presidenta de la entidad, señaló que el decreto derogado contaba con el respaldo del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN). Según la dirigente, dicha normativa fue diseñada originalmente para garantizar el abastecimiento interno y proteger la estabilidad de una cadena productiva vital para el empleo rural.

La organización expresó su inquietud ante la posibilidad de que esta decisión responda a presiones comerciales por parte de Estados Unidos. En este sentido, el Frente Amplio instó al Poder Ejecutivo a aclarar qué estrategias implementará para salvaguardar a los agricultores dominicanos ante la apertura del mercado.

Sobre la relación entre aranceles y precios al consumidor, el partido aclaró que la eliminación de impuestos a la importación no asegura una rebaja automática en el costo final del producto. Explicaron que el precio del arroz está sujeto a múltiples variables, como los costos de transporte, seguros, logística portuaria y los márgenes de comercialización.

El Frente Amplio enfatizó que su postura no implica un rechazo a los compromisos internacionales ni a la modernización del agro. Por el contrario, propusieron la implementación de una política integral que incluya mayor financiamiento, tecnificación, investigación y mejoras en la infraestructura de riego para elevar la competitividad del sector.

Finalmente, la organización política subrayó que la seguridad alimentaria es un tema de soberanía nacional. Advirtieron que la derogación del decreto refleja una actitud de subordinación ante intereses extranjeros, poniendo en riesgo la capacidad del país para producir sus propios alimentos y mantener miles de puestos de trabajo en las zonas rurales.