Fuerza del Pueblo cuestiona estrategia de seguridad y cifra de homicidios del Gobierno
La Fuerza del Pueblo (FP) manifestó su rechazo a las muertes de supuestos delincuentes durante intervenciones policiales, calificando la actual política de seguridad del Gobierno como un fracaso. Durante una rueda de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la organización política presentó datos que, a su juicio, exigen una revisión profunda de las estrategias implementadas por la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Josefina Reynoso, vocera de la entidad, informó que en lo que va de 2026 se han contabilizado 1,185 homicidios, de los cuales 236 fueron causados por agentes del orden. La dirigente cuestionó la tasa oficial de 7.36 homicidios por cada 100,000 habitantes, argumentando que, tras analizar las cifras, la tasa real se sitúa en 11.8 por cada 100,000 ciudadanos.
La organización opositora denunció que las autoridades manipulan los indicadores al excluir de las estadísticas oficiales los casos de intercambios de disparos, muertes de extranjeros y homicidios indeterminados. Según la FP, esta práctica busca reducir artificialmente la percepción de criminalidad, incumpliendo la promesa del presidente Luis Abinader de disminuir la tasa de homicidios en un 50% desde el inicio de su gestión.
La FP criticó la inestabilidad en la dirección de los organismos de seguridad, señalando que en los últimos seis años se han implementado más de siete planes de seguridad, con cambios constantes de directores policiales, ministros y asesores, sin lograr resultados efectivos. Asimismo, indicaron que desde 2020 se han registrado 1,152 fallecimientos bajo el denominado Código 29, utilizado para clasificar las muertes en enfrentamientos con la Policía.
Aunque el partido aclaró que reconoce el derecho de los agentes a defenderse ante amenazas reales, deploró que se utilice la fuerza letal fuera de los principios de legalidad y proporcionalidad. Recordaron que el artículo 37 de la Constitución protege el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, enfatizando que ninguna institución tiene la facultad de ejecutar ciudadanos.
Finalmente, la Fuerza del Pueblo cuestionó la eficacia de las reuniones encabezadas por el mandatario en la sede policial, señalando que aún permanecen pendientes de ejecución más de 44,000 órdenes de arresto. Ante este panorama, exigieron una rendición de cuentas detallada sobre el uso de los recursos destinados a la reforma policial iniciada en 2022 y los resultados concretos de las asesorías contratadas.