Gobernadora de Nueva York designa a Letitia James para investigar presunta violación en Universidad Cornell
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha designado a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para liderar la investigación sobre una denuncia de violación grupal ocurrida en 2024 dentro de una fraternidad de la Universidad Cornell. Esta decisión surge tras la destitución del fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, debido a dudas sobre el manejo inicial del caso por parte de las autoridades universitarias y la fiscalía local.
El nombramiento otorga a James la facultad de profundizar en las pesquisas, presentar cargos formales si las pruebas lo justifican y elevar el expediente ante un gran jurado. La fiscal general es conocida por su historial de litigios de alto perfil, incluyendo una demanda por fraude financiero contra Donald Trump que resultó en una sanción millonaria, la cual se encuentra actualmente en proceso de apelación.
La controversia se intensificó luego de que medios de comunicación revelaran transcripciones de entrevistas donde la víctima, una estudiante de 20 años, denunció haber sido agredida físicamente y violada. En sus declaraciones, la joven detalló haber sufrido coacción y falta de capacidad para consentir debido al consumo de sustancias, además de señalar que se opuso verbalmente a los avances de los implicados.
Por su parte, el fiscal desplazado, Matthew Van Houten, aseguró que no tuvo acceso a dichas transcripciones durante la fase inicial de la investigación. Ante esta omisión, el funcionario respaldó la necesidad de que un ente externo realice un examen exhaustivo de los hechos para esclarecer por qué la información no fue debidamente procesada.
En el ámbito civil, la denunciante interpuso una demanda contra la Universidad Cornell y siete presuntos agresores el pasado 18 de septiembre. La estudiante alega que la institución académica falló en su deber de protección, lo que la obligó a retirarse de sus estudios sin recibir reembolsos por los costos de su matrícula.
Previamente, la universidad había ejecutado medidas disciplinarias internas que incluyeron la expulsión de dos alumnos, sanciones a otros estudiantes y el cierre definitivo de la fraternidad Chi Phi. No obstante, la gobernadora Hochul ha exigido una revisión más profunda y transparente sobre la gestión administrativa del caso.
Como parte de las nuevas acciones, la gobernadora confirmó que la Universidad Cornell se ha comprometido a contratar a un abogado externo para realizar una investigación independiente. Este proceso busca determinar las responsabilidades institucionales y garantizar que se esclarezcan las irregularidades denunciadas en torno a este suceso.