Gobiernos locales enfrentan crisis de autonomía y reclaman cumplimiento de transferencias legales
La estructura constitucional dominicana define a los municipios como la base del sistema político-administrativo, otorgándoles autonomía presupuestaria y competencias en áreas críticas como el ordenamiento territorial, la gestión de residuos y el mantenimiento de espacios públicos. Sin embargo, existe una brecha creciente entre las responsabilidades asignadas por la Ley 176-07 y la capacidad real de las alcaldías para ejecutarlas, lo que ha generado una dependencia progresiva del Gobierno central.
El municipalista Víctor Féliz advierte que, durante las últimas dos décadas, se ha producido un proceso involutivo que debilita la autonomía local. Esta situación se manifiesta en la intervención constante de instituciones estatales en tareas que, por ley, corresponden a los ayuntamientos, como la pavimentación de vías urbanas, la construcción de aceras y la gestión de parques. Esta dinámica ha creado zonas grises donde la falta de delimitación clara favorece la injerencia del Ejecutivo debido a su mayor músculo financiero.
Un punto central del conflicto es el incumplimiento de la Ley 166-03, la cual estipula que los gobiernos locales deben recibir el 10% de los ingresos del Estado. A pesar de que esta normativa fue aprobada hace más de veinte años, las transferencias actuales se mantienen significativamente por debajo de ese porcentaje, representando apenas un 2.2% de los ingresos previstos en el presupuesto para 2026.
La precariedad económica impide que muchos municipios contraten personal técnico especializado, como urbanistas o ingenieros, lo que limita su capacidad de fiscalización y planificación. Esta debilidad institucional ha provocado que la gestión de la movilidad urbana y el ordenamiento del territorio sean absorbidos por estructuras nacionales, alejando la toma de decisiones de las autoridades locales.
Féliz señala que el debilitamiento municipal también responde a una responsabilidad compartida, ya que algunos ayuntamientos han cedido espacios y no han cumplido con sus deberes legales. A esto se suma un desconocimiento ciudadano sobre las funciones municipales, limitando la percepción de la labor del alcalde casi exclusivamente a la recolección de basura.
Para superar este escenario, el experto propone una reforma integral que modernice la legislación vigente y elimine las ambigüedades entre los distintos niveles de gobierno. El objetivo es establecer con precisión quién planifica, ejecuta y financia cada competencia, garantizando que los gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios y una gestión profesionalizada para responder a las demandas de sus territorios.