Imponen garantía económica e impedimento de salida a propietario de juegos mecánicos por tragedia en Hato Mayor

El Tribunal de Atención Permanente del Departamento Judicial de Hato Mayor dictó una garantía económica de un millón de pesos e impedimento de salida del país contra el empresario Simón María Estévez Ramos. La medida judicial responde al accidente ocurrido semanas atrás en la atracción Ciudad Mecánica, instalada durante las celebraciones de las fiestas patronales de la demarcación.

Durante la audiencia, presidida por la jueza Elizabeth Alcalá Valencia, también se dictó la obligación de presentación periódica ante la Fiscalía para el propietario de los juegos mecánicos. El pago del millón de pesos correspondiente a la garantía económica deberá tramitarse a través de una compañía aseguradora autorizada.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Daniel Robles Nivar, había solicitado tres meses de prisión preventiva al considerar el hecho como una situación que requería una decisión ejemplarizante. Sin embargo, la magistrada decidió rechazar dicha petición y optó por las medidas cautelares ya mencionadas para el encausado.

El caso se originó la noche del viernes 18 de septiembre, cuando un vagón del juego conocido como La Estrellita se desprendió de las alturas y cayó al vacío. En el incidente resultaron afectadas tres menores de edad, incluyendo a dos hermanas, quienes sufrieron diversas lesiones tras precipitarse.

Una de las menores afectadas, Liranyi Reyes Puello, de 11 años, falleció esta semana mientras recibía atenciones médicas en el hospital pediátrico doctor Hugo Mendoza, ubicado en Santo Domingo Norte. La tragedia para la familia Ramírez Reyes se profundizó con el deceso y posterior sepultura de Francisca Inés González, bisabuela de la menor fallecida, ocurrido un día antes de la audiencia.

La fiscalía formuló su acusación bajo la calificación jurídica de homicidio culposo, fundamentándose en la violación del artículo 112 del Código Penal Dominicano. Dicha normativa sanciona los decesos sin intención provocados por imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de reglamentos, con posibles penas que van desde prisión correccional hasta un máximo de cinco años, además de multas e inhabilitación profesional.

El Ministerio Público argumentó la existencia de indicios culposos comprometedores contra el imputado tras el funcionamiento de la atracción, la cual contaba con la autorización del Ayuntamiento local. No obstante, las normativas exigen revisiones técnicas y del Cuerpo de Bomberos para garantizar el buen estado de estos equipos recreativos.

A través del abogado de la familia, José Luis Rivera, los padres de la menor fallecida, residentes en los Estados Unidos, manifestaron su exigencia de justicia y denunciaron una supuesta negligencia notoria de los operadores. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para revisar permisos municipales, contratos, seguros y peritajes técnico-mecánicos de la empresa.

Las pesquisas continúan para esclarecer todas las responsabilidades legales vinculadas al funcionamiento del centro de diversiones en la provincia.