Intrant y Digesett sancionan a quince conductores por operar transporte ilegal en la capital
Un total de quince conductores que operaban vehículos de transporte de pasajeros sin la autorización legal correspondiente fueron fiscalizados de manera conjunta por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
Las sanciones fueron impuestas a los choferes por contravenir el artículo 44 de la Ley 63-17 sobre movilidad, normativa que establece como requisito obligatorio disponer de una licencia de operación o el permiso autorizado para ofrecer servicios públicos.
Durante las acciones de control ejecutadas en el corredor Independencia, las autoridades sancionaron seis unidades vehiculares, abarcando diferentes tramos desde la avenida Enrique Jiménez Moya hasta el kilómetro 12, así como el trayecto entre la avenida Máximo Gómez y el parque Independencia.
En el corredor Winston Churchill se aplicaron fiscalizaciones a nueve vehículos, los cuales se encontraban operando en las zonas comprendidas entre las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy, y entre la propia 27 de Febrero y la avenida Independencia.
Los registros oficiales del Intrant también contemplan intervenciones en la avenida Correa y Cidrón, aunque el informe emitido no especifica la cifra exacta de unidades que fueron interceptadas en dicho sector.
En el transcurso de los operativos, los agentes detuvieron además a un ciudadano de nacionalidad haitiana que carecía de su documentación al día, siendo interceptado en el trayecto del corredor Independencia ubicado entre la avenida Enrique Jiménez Moya y el kilómetro 12.
Las instituciones explicaron que estos operativos responden a una estrategia coordinada para erradicar la prestación informal del servicio de pasajeros y asegurar el acatamiento de las disposiciones legales vigentes en materia de transporte terrestre en el país.
Ambas entidades estatales recalcaron que los controles y fiscalizaciones se mantendrán en zonas estratégicas para ordenar el sector, proteger a los operadores legales y garantizar un servicio regulado para los ciudadanos.