Investigación revela detalles y vacíos fiscales en el acuerdo petrolero de Estados Unidos con socios en Venezuela

Un reciente análisis periodístico divulgado este martes por ProPublica puso bajo la lupa el convenio petrolero promovido en Venezuela por la administración del mandatario estadounidense Donald Trump. La investigación detalla que, aunque el pacto salvaguarda los intereses de empresarios privados, carece de una exigencia directa que asegure el cobro de los 200.000 millones de dólares en tributos y regalías pregonados por la Casa Blanca para la nación sudamericana.
El documento analizado, un texto de dieciocho páginas firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el titular de Defensa, Pete Hegseth, otorga a Washington una cuota del 35 por ciento en la empresa matriz North American Blue Energy Partners (NABEP). Dicha compañía se encuentra bajo el manejo del empresario venezolano Alejandro Betancourt y su matriz está establecida en Barbados, jurisdicción que complica la identificación de determinados inversionistas.
Asimismo, el convenio estipula que Estados Unidos podrá adquirir el 20 por ciento de la producción de NABEP a un valor de treinta dólares por barril, además de contar con preferencia para comprar el resto del crudo durante un período de medio siglo. No obstante, dicho valor no abarca los gastos de los diluyentes requeridos para combinar con el crudo pesado venezolano y permitir su traslado, contemplando además la compra total en caso de una emergencia nacional.
La estructura administrativa del acuerdo contempla un directorio de siete integrantes, con predominio de ciudadanos estadounidenses y un veedor gubernamental sin voto. El propio Betancourt se mantendrá como consejero delegado y su remoción requerirá el respaldo de cinco de los directores, mientras que los eventuales diferendos legales se dirimirán bajo las leyes estadounidenses en un tribunal federal de Texas.
Meses atrás, en septiembre, el secretario de Estado Marco Rubio respaldó la selección de NABEP al considerarla la principal petrolera privada local capacitada para elevar la producción. En aquella ocasión, durante una entrevista con el comunicador Sergio Novelli, Rubio indicó que el empresario no poseía expedientes abiertos en territorio estadounidense, a pesar de pesquisas en curso en Suiza y España por presunto blanqueo de dinero sin cargos formales.
Adicionalmente, Rubio apuntó que la firma posibilitará incrementos productivos y transferencias de recursos a una futura administración venezolana, mencionando la supervisión de los fondos mediante la firma auditora KPMG. Por su parte, la empresa sostuvo que el entendimiento dinamizará las inversiones y producirá ventajas financieras bilaterales, a pesar de que el documento no explicita de manera vinculante los montos anunciados por el Ejecutivo estadounidense.