Jurista Cándido Simó afirma que el proceso judicial por el caso Jet Set fue dañado y debe reiniciar

El reconocido jurista Cándido Simó afirmó que el proceso judicial relacionado con la tragedia de la discoteca Jet Set fue dañado en los tribunales y debe comenzar de nuevo. Las declaraciones fueron emitidas durante una entrevista en el programa Toque Final, transmitido por Antena 7, al referirse al caso que se sigue contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat.

El caso judicial gira en torno al colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 durante un concierto del merenguero Rubby Pérez. La tragedia dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridos. Inicialmente, el Ministerio Público imputó a los hermanos por homicidio involuntario y golpes involuntarios, bajo la acusación técnica de negligencia por una presunta sobrecarga del techo debido a equipos de climatización y tanques de agua, con una pena máxima de hasta dos años de cárcel.

Sin embargo, atendiendo los reclamos de los abogados de las familias de las víctimas, el juez Franny González modificó la calificación jurídica a homicidio bajo la figura del dolo eventual. El tribunal consideró que existen elementos que sugieren que los propietarios conocían los riesgos de deterioro estructural y continuaron operando el establecimiento, lo que elevaría la pena máxima a entre 3 y 20 años de prisión.

Simó cuestionó duramente la variación de la calificación penal, asegurando que transgrede el principio de legalidad y calificándola como una decisión tomada por aclamación popular para complacer peticiones. Sostuvo que el dolo eventual no está tipificado en el Código Penal que considera aplicable al suceso y apeló al principio constitucional de favorabilidad para argumentar que debe examinarse la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos.

El abogado advirtió sobre el impacto en las víctimas al señalar que las están instrumentalizando mediante corrientes de opinión pública para hacerles creer que obtuvieron una victoria, cuando en realidad el caso ha sido perjudicado. Asimismo, indicó que el cambio de calificación no obliga a los jueces del tribunal colegiado a mantenerla, aunque aclaró que estos no pueden declararse incompetentes tras haber sido apoderados mediante el procedimiento de prórroga de competencia.

Por su parte, la defensa legal de los hermanos Espaillat interpuso un recurso de apelación contra la decisión. Los representantes argumentan que la modificación de los cargos vulnera el principio de legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que solicitan que el proceso retorne a los cargos involuntarios originales.