Juristas formalizan querella contra el director de la Policía por decesos en supuestos enfrentamientos

Un grupo de profesionales del derecho interpuso una acción legal en la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de la cúpula y miembros de la Policía Nacional. La querella surge como respuesta a los fallecimientos registrados tras presuntos intercambios de disparos entre agentes del orden y supuestos transgresores de la ley.

Durante el depósito del documento, los juristas manifestaron que las acciones de los uniformados equivalen a la instauración de una pena de muerte en la nación. Asimismo, afirmaron que esta práctica representa un reemplazo del sistema judicial establecido en el territorio dominicano.

El abogado Valentín Medrano advirtió que, de mantenerse esta situación, los ciudadanos perderán la garantía sobre su integridad física y su vida ante cualquier pretexto. Por su parte, el jurista Carlos Balcácer respaldó estas declaraciones y sostuvo que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, titular de la entidad, fomenta que los agentes ejecuten dichos homicidios.

Balcácer también denunció que las escenas de estos sucesos sufren alteraciones por parte del personal policial, el cual omite esperar la llegada del médico legista y obvia los protocolos correspondientes. Como muestra, mencionó el caso del 13 de octubre protagonizado por Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido como Lucifer, en el Ensanche La Paz.

El abogado detalló que tras el disparo efectuado por un agente, motoristas del Dicrim recogieron los casquillos en la escena del hecho para borrar evidencias. Igualmente, instó a los parientes de las víctimas a presentar sus denuncias directamente ante la instancia fiscal.

La acción judicial apunta específicamente contra Ernesto Rodríguez, al frente de la Policía Nacional, y Alexander Reyes, al mando del Dicrim. La lista de acusados se completa con los agentes Félix Gómez, Domingo Montero y Belén Morel.

Entre los firmantes de la instancia también figuran los abogados Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez y Manuel Sierra Pérez. Previamente, el 12 de octubre, estos mismos representantes acudieron a la Procuraduría General de la República para demandar una pesquisa sobre muertes masivas y el uso de la clave 29.