Justicia estadounidense frena temporalmente sanciones monetarias millonarias contra inmigrantes
Un magistrado federal de Massachusetts dictó la suspensión del mecanismo empleado por la administración del mandatario Donald Trump para aplicar penalidades económicas diarias a extranjeros que residen en territorio estadounidense a pesar de contar con mandatos de partida. La medida cautelar frena el cobro de estas penalidades, que alcanzaban los 998 dólares por día y habían colocado a ciertos perjudicados con pasivos acumulados de hasta 1,8 millones de dólares.
El juez de distrito George O’Toole Jr., con sede en Boston, dispuso la paralización de la normativa federal y de las penalizaciones emitidas bajo este esquema posterior al 27 de julio de 2025, en tanto prosigue el proceso judicial. Desde la organización Legal Aid Society señalaron mediante un comunicado que la determinación judicial impide al Ejecutivo exigir el pago mientras el litigio continúa su curso en los tribunales.
O’Toole fundamentó su decisión al estimar que los querellantes presentan altas probabilidades de comprobar la ilegalidad de las reglas utilizadas para fijar las sanciones. Entre sus argumentos, el magistrado cuestionó que el Ejecutivo omitiera evaluar de forma individualizada la situación de cada afectado y advirtió que la recaudación de estas sumas podría arrastrar a la insolvencia a los demandantes.
El recurso legal, interpuesto en noviembre de 2025, cuestiona una directriz que, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, ha impactado a más de 100.000 individuos a nivel nacional y ha derivado en penalidades estimadas en 84.000 millones de dólares desde el retorno de Trump a la presidencia en enero de 2025. La Legal Aid Society apuntó que estas cargas financieras se han aplicado a personas que tramitan de manera legal procesos de amparo migratorio, que cumplen con las directrices de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o que argumentan riesgos para su seguridad en caso de retornar a sus naciones de origen.
El expediente judicial incluye los casos de dos mujeres identificadas como Maria L., residente en Massachusetts, y Nancy M., ubicada en Florida, quienes enfrentaron deudas acumuladas de cientos de miles de dólares y de hasta 1,8 millones, respectivamente, aun cuando mantenían comunicación con las oficinas migratorias y cumplían con los cauces legales establecidos. La organización legal indicó que ambas permanecieron en el país para gestionar protecciones que les otorgaran regularidad migratoria, y precisó que una de ellas logró posteriormente una visa de inmigrante y fue aceptada como residente permanente legal.
La administración de Trump reactivó a principios de 2025 la aplicación de una cláusula migratoria que habilita castigos civiles a determinados extranjeros que no abandonan el país tras recibir una disposición de expulsión o de salida voluntaria. Posteriormente, en junio de ese mismo año, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia ajustaron el proceso para fijar y apelar dichas penalizaciones, suprimiendo la exigencia de enviar un aviso previo de intención de multa y acortando los tiempos para presentar recursos.
Representantes de la Legal Aid Society calificaron la resolución judicial como un avance fundamental para proteger a los núcleos familiares migrantes que enfrentaban la amenaza de la ruina económica debido a estas medidas.