La Cámara de Diputados se reducirá a 170 escaños a partir de los comicios de 2028
A partir de los comicios programados para el año 2028, la composición de la Cámara de Diputados experimentará una disminución al pasar de 190 a 170 integrantes. Esta modificación responde directamente a los cambios establecidos en la reforma constitucional promulgada en el mes de octubre de 2024.
Con esta nueva configuración, el órgano legislativo quedará integrado por 158 diputados de carácter territorial, cinco representantes nacionales elegidos por acumulación de votos y siete escaños destinados a la comunidad de dominicanos residentes en el exterior.
La Junta Central Electoral asumirá la responsabilidad de repartir las curules territoriales siguiendo las directrices de la Carta Magna. Este proceso de asignación utilizará como base el padrón electoral empleado en las votaciones congresuales del mes de mayo de 2024.
La normativa constitucional vigente asegura que ninguna provincia cuente con menos de dos representantes y estipula que la distribución de los 158 puestos territoriales se realice de manera proporcional. Las autoridades electorales deberán emplear criterios transparentes y técnicos para evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
Uno de los aspectos analizados ante esta supresión de veinte puestos es el posible impacto sobre la pluralidad política. Las agrupaciones minoritarias y los movimientos emergentes podrían encontrar mayores obstáculos para lograr representación en ciertas demarcaciones.
Especialistas señalan que la eficiencia de un órgano legislativo no se determina por la cantidad de sus miembros, sino por la labor de fiscalización, la defensa de los intereses ciudadanos y la calidad de las normativas aprobadas.
La Junta Central Electoral enfrentará el reto de comunicar con claridad la metodología aplicada y las proyecciones de distribución. Esto permitirá que la ciudadanía y los actores políticos evalúen las decisiones sobre bases objetivas.
Los comicios de 2028 servirán para medir la eficacia institucional en la aplicación de esta reestructuración, manteniendo el equilibrio entre la optimización de los recursos estatales y la protección de la participación democrática.