La SIP advierte sobre el incremento de amenazas contra periodistas en Perú
Las amenazas contra periodistas, incluidas las de muerte, han experimentado un incremento en Perú, de acuerdo con el informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el marco de su 82 Asamblea General, celebrada en la ciudad de Bogotá.
La organización señaló que, si bien esta clase de intimidación no representa un fenómeno nuevo en el territorio peruano, su frecuencia no era tan alta hasta hace algunos años. Como parte de este contexto de riesgo, el informe destacó el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, ocurrido el pasado 19 de septiembre en la ciudad norteña de Caraz en un caso de presunto sicariato.
La SIP indicó que en varios episodios, incluido el de Aponte, los propios profesionales de la comunicación habían advertido previamente sobre el peligro que corrían sus vidas sin haber obtenido, según las denuncias conocidas, una respuesta estatal efectiva.
Asimismo, el organismo apuntó que el Congreso peruano, cuya nueva legislatura asumió funciones a finales de julio, volvió a ubicarse entre las instituciones más cuestionadas debido a acciones que afectan o buscan limitar la labor de la prensa. En contraste, el informe detalló que durante el semestre evaluado no se registraron agresiones de gravedad provenientes del Poder Ejecutivo ni del Ministerio Público.
Entre las acciones del Parlamento mencionadas en el documento figura la restricción del ingreso de periodistas de diversos medios a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva. Además, se señaló que en agosto el diputado Aldo Bravo propuso modificar el Código Penal para tipificar como agravante la apología del delito a través de medios de comunicación o plataformas digitales, iniciativa que fue retirada posteriormente tras recibir críticas.
El informe también documentó que más de 60 periodistas resultaron afectados por agresiones de diversa índole durante el primer trimestre de este año, en la etapa preliminar de la primera vuelta electoral de abril. El 69 % de esos casos fue atribuido a candidatos y el 64 % correspondió a discursos estigmatizantes, sumándose a amenazas y agresiones físicas.
Durante la cobertura de las votaciones del 12 y 13 de abril, ocho reporteros resultaron afectados, entre ellos Ysrael Rivera, de Radio Uno en Tacna, quien fue detenido por un policía mientras cubría el retiro de material propagandístico cerca de un centro de sufragio.
En el ámbito judicial y de seguridad, la SIP mencionó que en junio el Tribunal Constitucional ordenó al diario El Comercio aplicar el derecho al olvido sobre artículos de 2014. Ese mismo mes, la vivienda del periodista Julio Aquise fue atacada con explosivos en Arequipa tras haber entregado a la Fiscalía pruebas sobre presunta corrupción policial.
Finalmente, el documento registró querellas por presunta difamación contra los periodistas César Hildebrandt y Paola Ugaz, amenazas de muerte recibidas por el fundador de La Lupa, Kenny Yucra, y una querella interpuesta por una fiscal contra cinco reporteros en Iquitos tras informar sobre la adquisición de vehículos.