Nueva licencia médica aplaza audiencia del caso Calamar para el 4 de noviembre
Una nueva licencia médica presentada por uno de los imputados provocó el aplazamiento de la audiencia del caso Calamar para el próximo 4 de noviembre a las 9:00 de la mañana. La decisión fue adoptada por la jueza Arlin Ventura, del Tercer Tribunal Colegiado.
La magistrada explicó que el imputado Ramón Santiago Moquete presentó una constancia sobre su estado de salud que le impidió comparecer a la audiencia pautada. Moquete sufrió un Accidente Cerebrovascular y se encuentra recluido en el área de cuidados intensivos de un centro hospitalario del Distrito Nacional.
Al respecto, la jueza Ventura señaló que el documento presentado es más una constancia sobre la situación de salud del procesado que una licencia médica, y añadió que el escrito ni siquiera indica un tiempo de reposo.
Con esta presentación, Moquete se convirtió en el tercer imputado que entrega una constancia médica durante el mes de octubre. Los otros dos casos previos correspondieron al exsenador por la provincia de Azua, Rafael Calderón, y al excontralor de la República, Daniel Omar Caamaño.
El expediente de Rafael Calderón fue separado de los demás para ser conocido por el mismo tribunal el pasado 14 de octubre en días distintos, con el propósito de evitar retrasos en el proceso judicial. En ese sentido, la representante del Ministerio Público, Mirna Ortiz, solicitó al tribunal que en la próxima audiencia se emita una decisión sobre la separación del expediente de Omar Caamaño.
En este proceso judicial figuran además como acusados Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes y Julián Omar Fernández. La lista de imputados también incluye a Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.
A este grupo se le acusa de los presuntos delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, la red que fue desmantelada habría desviado más de 19,000 millones de pesos a través de la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública y del cobro irregular sobre juegos de azar destinados a financiar la campaña política del año 2020.