ONU expresa preocupación por nuevo decreto sobre protestas en Colombia
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado su inquietud ante un reciente decreto presidencial que regula las manifestaciones en el país. El organismo advierte que la normativa podría otorgar un margen de discrecionalidad excesivo a las fuerzas de seguridad, facilitando el uso de la fuerza antes de agotar las instancias de diálogo.
El decreto, suscrito el pasado martes por el presidente Abelardo de la Espriella, establece nuevas directrices para la actuación policial frente a actos violentos. La ONU cuestiona específicamente la rapidez con la que se permite intervenir, señalando que la normativa autoriza el uso de la fuerza sin esperar a que concluyan los procesos de mediación con los manifestantes.
Entre los puntos críticos señalados por Naciones Unidas se encuentra la definición de violencia, la cual consideran demasiado amplia en comparación con los estándares internacionales. El organismo argumenta que conductas como las amenazas o el simple porte de objetos potencialmente peligrosos no deberían equipararse automáticamente con actos violentos que pongan en riesgo la vida o la integridad física.
Respecto a los bloqueos de vías, la ONU enfatizó que estas acciones no transforman por sí solas una protesta pacífica en una violenta. Asimismo, advirtió que factores económicos o la duración de una obstrucción no deben ser utilizados como justificación única para disolver manifestaciones mediante el uso de la fuerza policial.
El organismo internacional recordó que, bajo los estándares globales de derechos humanos, la fuerza debe ser siempre el último recurso. Por ello, instó a las autoridades a diferenciar claramente entre quienes ejercen su derecho a la protesta de manera pacífica y aquellos que incurren en actos delictivos, asegurando que el diálogo no debe suspenderse para los primeros.
Finalmente, la ONU reconoció que el decreto contiene elementos positivos, como el esfuerzo por distinguir entre manifestantes pacíficos y personas violentas. El organismo destacó que mantuvo comunicación con el Gobierno durante la redacción del texto, logrando que algunas de sus recomendaciones fueran integradas, aunque reiteró la necesidad de que cualquier normativa priorice siempre la protección de los derechos humanos.