Operación Discovery 3.0: Tribunales de Estados Unidos y República Dominicana procesan a implicados en red de fraude electrónico

Los tribunales de la República Dominicana y de los Estados Unidos han iniciado procesos judiciales contra un grupo de personas y empresas vinculadas a una red internacional de estafas electrónicas y blanqueo de capitales. La estructura criminal operaba mediante fraudes informáticos que superan los doscientos ochenta y seis millones de pesos, de acuerdo con los datos ofrecidos por las autoridades judiciales.

La investigación formal detalla que la red operaba principalmente en la región norte del territorio dominicano, abarcando localidades como Santiago y La Vega, además de mantener conexiones con diversas ciudades estadounidenses. La organización delictiva utilizaba centros de llamadas clandestinos, técnicas de ingeniería social, suplantación de identidad, extorsión y falsas representaciones para engañar a personas, especialmente a adultos mayores.

En los Estados Unidos, un tribunal de Boston, en el estado de Massachusetts, procesa a los supuestos cabecillas de la estructura ilícita. Este grupo incluye a los ciudadanos dominicanos Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes fueron entregados a la justicia estadounidense en calidad de extraditados.

Por su parte, el Ministerio Público dominicano, a través del director general de Persecución, formalizó la acusación ante un juzgado de instrucción en Santiago. El expediente involucra a varios ciudadanos y a diversas personas jurídicas, señalando presuntas responsabilidades en los delitos de fraude y lavado de activos tras el desmantelamiento de la organización en agosto del año dos mil veinticinco.

El expediente presentado por los fiscales detalla que el esquema delictivo se estructuraba en cuatro etapas operativas bien definidas. Estas fases comprendían la captación de las víctimas, la ejecución del fraude mediante la suplantación, la movilización de los fondos obtenidos ilícitamente y las maniobras financieras destinadas al lavado de activos.

Los recursos obtenidos mediante las estafas eran enviados hacia la República Dominicana mediante transferencias bancarias, empresas remesadoras, criptomonedas y el uso de intermediarios. Posteriormente, el dinero ingresaba al sistema económico formal a través de la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y la creación de empresas para ocultar su procedencia.

Las pesquisas que permitieron desmantelar la organización estuvieron a cargo del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, contando con el respaldo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional de la Policía Nacional dominicana, en una acción coordinada por la Procuraduría General de la República.