Organismos internacionales cuestionan la liberación de presuntos colaboradores de pandillas entregados por el país a Haití
Tres hombres sospechosos de abastecer a estructuras delictivas en Haití fueron arrestados en territorio dominicano cuando intentaban adquirir un dispositivo aéreo no tripulado en la ciudad de Santo Domingo. La captura de estos individuos se produjo tras una labor de seguimiento orientada a frenar el flujo de suministros logísticos destinados a las facciones que operan en la nación vecina.
Los detenidos en el operativo fueron identificados como Étienne Roudley, Sony Pierre y Sténio Saint-Fleur. Las detenciones se llevaron a cabo en junio de 2025, y pocos días después, el siete de ese mismo mes, los tres ciudadanos fueron deportados y entregados a las autoridades haitianas a través del paso fronterizo de Dajabón.
La intención de los sospechosos era adquirir un dron modelo DJI Mavic 3 en un establecimiento comercial de la capital dominicana. Este equipo tecnológico tenía como destinatario final a Johnson André, conocido como Izo, quien encabeza la organización delictiva denominada banda 5 Segond y forma parte de la coalición Viv Ansanm.
El expediente sobre este caso quedó registrado en el informe S/2026/714 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, publicado el 8 de septiembre de 2026. Dicho documento detalla las complejas redes de apoyo financiero y logístico que sostienen a las pandillas haitianas, además de señalar los obstáculos persistentes en los procesos judiciales.
Las pesquisas del organismo internacional revelaron que Étienne Roudley mantenía vínculos prolongados con las estructuras criminales. Durante un periodo de dos años, este individuo mantuvo comunicación constante con el cabecilla Izo para proveerle distintos productos requeridos por las agrupaciones armadas.
Las indagatorias también expusieron que Roudley gestionaba la compra de prendas de vestir, calzado, equipo aéreo y armamento con más de treinta miembros de alto rango de la coalición Viv Ansanm. Para estas transacciones comerciales utilizaba establecimientos ubicados en suelo dominicano y cuentas bancarias locales, aunque el reporte no especifica las entidades financieras ni las sumas manejadas.
A pesar de las evidencias recopiladas y presentadas por el Panel de Expertos de la ONU, los tres implicados recuperaron su libertad tras ser recibidos por el sistema judicial haitiano. El informe advierte que este tipo de decisiones refleja las debilidades institucionales y fomenta la impunidad, dificultando el combate contra las redes que abastecen a la criminalidad organizada.