Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que la pobreza indígena responde a factores estructurales y climáticos

Un reciente informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura revela que la situación de pobreza que enfrentan las comunidades originarias a nivel global no responde a condiciones naturales, sino a un conjunto de elementos estructurales interrelacionados que perpetúan su exclusión histórica.

El documento, titulado oficialmente Libro blanco del Bienestar de los Pueblos Indígenas, fue dado a conocer en el marco del foro Global Hub on Indigenous Peoples and Food Systems, desarrollado durante el Foro Mundial de la Alimentación. La segunda edición de esta investigación contó con la participación conjunta de especialistas pertenecientes tanto a comunidades originarias como al ámbito académico internacional.

De acuerdo con los datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo en el año 2020 y retomados en el estudio, existen aproximadamente 476 millones de personas indígenas distribuidas en más de noventa naciones. No obstante, los autores del informe advierten que esta cifra podría ser mayor, ya que el cálculo inicial se basó en información disponible de un grupo reducido de países.

El texto identifica siete factores fundamentales que provocan y mantienen la exclusión de estas poblaciones. Entre ellos destacan la invisibilidad estadística, el despojo territorial, la negación de los derechos colectivos, la erosión de sus sistemas alimentarios y de conocimientos, las injusticias ecológicas vinculadas con proyectos de transición energética y las deficiencias en el ámbito judicial.

Asimismo, el informe introduce el concepto de cristalización para explicar la persistencia de formas de discriminación arraigadas en las instituciones estatales desde antes de la formación de los Estados modernos. Esta situación institucional contribuye a reproducir de manera continua las desigualdades históricas que limitan el pleno ejercicio de los derechos de estas comunidades.

Frente a este escenario, los expertos señalan que las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza deben fundamentarse en las propias concepciones de bienestar de los pueblos indígenas y no limitarse a la medición de ingresos económicos. Esto implica reconocer a las comunidades como titulares plenos de derechos y no únicamente como sectores beneficiarios de asistencia social.

Entre las principales recomendaciones planteadas figuran la inclusión de la autoidentificación indígena en los censos nacionales, la garantía de la seguridad jurídica sobre sus territorios y el respeto al consentimiento libre, previo e informado ante cualquier iniciativa de desarrollo energético o ambiental.

El autor principal del documento, Yon Fernandez-de-Larrinoa, y la coautora Carol Zavaleta-Cortijo enfatizaron que el enfoque del estudio prioriza la determinación, la resiliencia y los derechos colectivos por encima de una visión monetaria de la superación de la pobreza.