Organizaciones criminales internacionales transforman a Bolivia en su base de operaciones

Organismos internacionales alertaron sobre un cambio profundo en la dinámica delictiva de Bolivia, que pasó de funcionar como un simple corredor de tránsito y productor de insumos a convertirse en un enclave estratégico para carteles extranjeros. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó que la nación andina alberga actividades coordinadas de redes criminales procedentes de diversas naciones de la región.

El informe señala la penetración de estructuras delictivas de gran magnitud, entre las que destacan el Cartel Jalisco Nueva Generación de México, además de los grupos brasileños Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. Estas agrupaciones operan en colaboración con bandas peruanas, colombianas y células locales, configurando un esquema conjunto que abarca delitos como el contrabando, la minería ilegal y la trata de personas.

La presencia de estas redes extranjeras quedó evidenciada con la detención de ciudadanos de diversas nacionalidades dentro de los centros penitenciarios del país. Según las valoraciones oficiales, este fenómeno delictivo funciona de manera similar a un conglomerado empresarial que vincula distintos recursos y actividades ilícitas bajo una misma estructura de operación.

Esta expansión criminal trajo consigo un incremento notable en la violencia, manifestado a través de homicidios por encargo en zonas limítrofes con Brasil. La confrontación territorial entre las facciones rivales obligó al Gobierno boliviano a movilizar efectivos militares y cuerpos tácticos especiales con el propósito de restablecer el orden en los puntos más críticos.

En el ámbito de la producción agrícola, la superficie destinada al cultivo de la hoja de coca experimentó un incremento del siete por ciento, pasando de treinta y cuatro mil hectáreas en dos mil veinticuatro a treinta y seis mil cuatrocientos en el período siguiente. Con estas cifras, el país se sitúa en el tercer puesto a nivel global, por detrás de las mediciones registradas en Colombia y Perú.

Históricamente, las administraciones gubernamentales anteriores habían negado la existencia de carteles o cabecillas internacionales en el territorio, atribuyendo la criminalidad a clanes y emisarios locales. Sin embargo, la actual gestión gubernamental reconoció la problemática del crimen organizado trasnacional y destacó acciones operativas recientes contra estos grupos.

Las autoridades internacionales advirtieron asimismo sobre la infiltración de estas redes en el sistema de justicia, orientada a obstaculizar las investigaciones penales. Ante este escenario, la representación de la ONU enfatizó la necesidad de implementar una estrategia integral que incluya legislación contra el lavado de activos, recuperación de bienes y un mayor rigor en las sentencias judiciales.