Poder Ejecutivo deposita ante el Senado proyecto de Ley General de Concesiones

El Poder Ejecutivo depositó este jueves ante el Senado el Proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, una iniciativa orientada a regular la participación privada en la gestión de infraestructuras y fortalecer el sistema de contrataciones del Estado. La entrega fue realizada por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

El presidente del Senado indicó que la propuesta será incluida en la agenda de la sesión programada para el próximo miércoles, fecha en la cual será enviada a comisión para iniciar su proceso de estudio y discusión en el hemiciclo, con la expectativa de ser aprobada y remitida posteriormente a la Cámara de Diputados.

La normativa busca complementar el sistema de contratación estatal y cubrir el espacio existente entre la contratación pública ordinaria y las aliances público-privadas. Su propósito es permitir el desarrollo de proyectos con inversión privada sin que el Estado deba aportar necesariamente recursos o bienes, estableciendo además un marco para planificar, adjudicar, ejecutar, supervisar y finalizar estas obras.

Entre sus disposiciones centrales destaca la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, el cual tendrá como órgano rector a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Asimismo, el texto contempla la instauración de un Consejo Nacional de Concesiones, una Dirección Técnica de Concesiones y un Registro Nacional de Concesionarios del Estado.

El proyecto establece que la selección de los concesionarios se lleve a cabo mediante licitación pública nacional o internacional, bajo criterios de evaluación, tarifas y garantías previamente definidos. Adicionalmente, se requerirá la no objeción del Consejo Nacional de Concesiones antes de proceder con la firma de los contratos.

En cuanto a la duración, la propuesta fija plazos de entre cinco y cuarenta años para los contratos, impone límites a las prórrogas y prohíbe la renovación automática de los mismos. La iniciativa también dispone que la rentabilidad estimada de los proyectos no represente una garantía estatal y prohíbe destinar sus recursos a fines ajenos a la concesión.

El articulado permite que particulares presenten proyectos de interés público que no requieran aportes estatales, aunque esto no otorga derecho a una adjudicación directa. Si el proponente no resulta favorecido, se contempla una compensación por los estudios útiles aprovechados por la Administración.

Para garantizar la transparencia, el texto incluye prohibiciones e inhabilidades destinadas a prevenir conflictos de interés y proteger la libre competencia, respaldadas por un régimen de sanciones que abarca multas, ejecución de garantías e inhabilitación temporal. Como regla general, se establece que las concesiones anteriores mantendrán su régimen contractual y normativo original.