Productores de San Juan logran acuerdo con el Gobierno tras jornadas de protestas

Los productores agrícolas y dueños de maquinaria en la provincia de San Juan han alcanzado un pacto con las autoridades gubernamentales para recibir el pago de las deudas pendientes en un periodo máximo de 15 días. Este entendimiento surge tras intensas manifestaciones que incluyeron el bloqueo de vías y la detención de varios líderes del sector, quienes buscaban una solución a la crisis económica que atraviesan.

El dirigente agropecuario José Alberto Báez detalló que las negociaciones fueron facilitadas por Modesto Guzmán, enviado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. Durante el proceso, se estableció una comunicación directa con el presidente Luis Abinader, lo que permitió destrabar el conflicto. Como parte del acuerdo, los dirigentes que habían sido arrestados fueron liberados y se convino que no se presentarán cargos judiciales en su contra por los incidentes ocurridos durante las protestas.

A pesar de la tregua, Báez expresó que existe un marcado escepticismo entre los agricultores debido a promesas incumplidas en el pasado. El dirigente advirtió que, si el Gobierno no honra el compromiso en el plazo estipulado, el sector agropecuario retomará las medidas de fuerza. La decisión de levantar el paro actual se tomó principalmente para evitar situaciones lamentables, dado el alto nivel de tensión que se vivía en las calles.

La falta de recursos ha generado una profunda preocupación por el futuro de la próxima cosecha de habichuelas en el valle de San Juan. Según Báez, la descapitalización de los productores ha paralizado el dinamismo económico local y pone en riesgo el calendario agrícola, el cual establece que la siembra debe completarse antes del 5 de diciembre. El dirigente proyectó que, de no haber una respuesta efectiva, la superficie sembrada podría caer por debajo de las 50 mil tareas, frente a las 180 mil que se cultivaban tradicionalmente.

El sector enfrenta dificultades adicionales debido al incremento en los costos de producción, incluyendo un aumento del 30 % en el precio de la roturación de tierras y el alza en los combustibles. Báez enfatizó que la ausencia de programas de preparación gratuita de terrenos y la falta de semillas dificultan que los pequeños agricultores puedan iniciar sus labores. Ante este panorama, los productores se mantienen vigilantes, esperando que el cumplimiento del pago permita reactivar la actividad económica de la zona.