Pronostican negación de solicitud de extinción penal a Donald Guerrero en el caso Calamar
Las probabilidades de que el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acepte la petición de extinción de la acción penal presentada por el acusado Donald Guerrero Ortiz son escasas, tomando como referencia fallos anteriores emitidos por esa misma corte ante solicitudes de naturaleza idéntica.
La audiencia destinada a evaluar este pedimento fue fijada para el próximo día 14 de este mes. Dicha solicitud había sido presentada originalmente ante la Corte de Apelación, instancia que posteriormente envió el expediente al tribunal de primera instancia para su resolución definitiva.
Aunque el proceso judicial acumula cerca de seis años en la etapa de juicio, el tribunal integrado por los magistrados Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez ya desestimó un recurso equivalente presentado previamente por otros procesados en el mismo expediente.
Entre los imputados que obtuvieron una respuesta negativa a solicitudes similares figuran Ángel Lockward, Manuel Milcíades Morillo Soto, Ramón David Hernández, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Yahaira Brito Evangelista, Juan Tomás Polanco Céspedes y Agustín Mejía Ávila.
Durante la sesión judicial celebrada en la víspera, los representantes legales de Guerrero Ortiz formalizaron el sometimiento del recurso remitido desde la Corte de Apelación para que sea decidido por las juezas correspondientes.
En el desarrollo de la misma audiencia se dio a conocer que Rafael Calderón, exsenador por la provincia de Azua y también imputado en el caso, debió someterse a un procedimiento quirúrgico tras sufrir un accidente doméstico a sus 83 años de edad.
A los implicados en este proceso por presunta corrupción administrativa se les acusa de desviar más de 19 mil millones de pesos mediante el pago de terrenos que habían sido declarados de utilidad pública.
Asimismo, el expediente del Ministerio Público detalla acusaciones sobre el supuesto uso de sobornos destinados a financiar la campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2020, además de la implementación de un esquema de extorsión enfocado en el sector de juegos de azar.