Registros de tala de árboles por parte de instituciones y autoridades estatales en el país
Diversos registros periodísticos, comunicados y documentos oficiales documentan una serie de talas de árboles ejecutadas por instituciones estatales y funcionarios en distintos puntos del país desde el año 2022, cuyas consecuencias han oscilado entre sometimientos judiciales, despidos, permisos previos, explicaciones técnicas o ausencia de respuestas oficiales.
El primer episodio registrado ocurrió en mayo de 2022, cuando el Ministerio de Medio Ambiente sometió a la justicia a José (Richard) Valdez Mora, director municipal de Palmarejo Villa Linda, en Los Alcarrizos, tras acusarlo de talar 330 árboles en un área verde protegida de Pantoja. Según los registros de la época, la institución indicó que el funcionario había solicitado un permiso ambiental que le fue denegado. El caso generó roces institucionales luego de que la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente manifestara que ni el ministerio ni el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) le notificaron lo sucedido, calificando el traslado de los troncos como una obstrucción.
Posteriormente, en junio de 2024, el exvicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal denunció la poda de árboles en el parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional. Una investigación interna de la Alcaldía del Distrito Nacional determinó que 17 árboles fueron intervenidos en sus copas sin autorización del departamento de Foresta Urbana ni supervisión técnica, derivando en la separación de dos colaboradores y el anuncio de una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, cuyo resultado no se ha hecho público.
Durante el año 2025 se sucedieron múltiples intervenciones entre febrero y agosto en el Distrito Nacional. En febrero, autoridades investigaron la aparición de restos de uva de playa y almendros entre Güibia y el muelle de Los Pescadores, en el Malecón de Santo Domingo, sin que se publicaran resultados. Entre febrero y marzo, la construcción de un túnel bajo la Plaza de la Bandera implicó el retiro de decenas de árboles. En julio, la caída de unos 300 árboles en el Centro Olímpico generó polémica, aunque contaba con la autorización número 016-2025 para un total de 901 ejemplares con el fin de viabilizar la remodelación a cargo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Meses después, el Mived anunció la creación de una «acera bosque».
En agosto de 2025, vecinos de Arroyo Hondo y Cuesta Brava, junto con el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), interpusieron una querella contra el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, y un viceministro del Mived, al considerar ilegal el permiso otorgado para proyectos inmobiliarios que habrían afectado una franja protegida del Cinturón Verde, mientras la constructora aseguró contar con la documentación en regla.
Entre los casos recientes figuran el retiro de protección y posterior tala, en octubre de 2026, de una anacagüita en Los Prados que había sido declarada patrimonio natural en 2022 y cuyo propietario denunciaba daños a su vivienda. Asimismo, a finales de septiembre, la remodelación de la Gobernación de Peravia y oficinas públicas en Baní, con una inversión de RD$57.5 millones, conllevó la corta de robles y árboles de mango frente a dichas instalaciones y al hospital Nuestra Señora de Regla. La vocería de la Gobernación justificó la acción como un «mal necesario», mientras que indagatorias constataron la ausencia de permisos tramitados ante Medio Ambiente o el ayuntamiento local.