República Dominicana escala al Nivel 2 en el informe global sobre trata de personas
La República Dominicana ha logrado un ascenso al Nivel 2 en el reporte anual sobre trata de personas elaborado por el gobierno de los Estados Unidos. Este reconocimiento destaca los progresos significativos alcanzados por el país en sus marcos normativos, el sistema judicial y los mecanismos de protección destinados a las víctimas de este flagelo.
Un factor determinante para esta mejora fue la actualización de la Ley 137-03. Con esta modificación, se eliminó la necesidad de probar el uso de fuerza, fraude o coacción cuando se trate de menores de edad, ajustando la normativa local a los estándares internacionales contra la explotación sexual.
En el ámbito administrativo, el Estado dominicano puso en marcha el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas para el periodo 2025-2028, asegurando su financiamiento. Adicionalmente, se adoptó la Resolución 13-2024, la cual facilita la identificación de personas apátridas, integrando además las recomendaciones de organizaciones civiles y sobrevivientes en los procesos de reforma.
El sistema de justicia intensificó su labor con 229 investigaciones abiertas y el procesamiento de 50 individuos bajo la legislación especial. El informe también resalta la transparencia institucional al documentar la investigación de ocho funcionarios por supuesta complicidad, de los cuales tres ya enfrentan procesos judiciales, incluyendo a integrantes de los cuerpos de seguridad.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo intensificó la vigilancia en sectores críticos como la construcción, la agricultura y la industria azucarera. Tras realizar 1,050 inspecciones, se procedió a la suspensión de 11 empresas privadas por sospechas de trabajo forzoso, mientras que un programa piloto logró formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos legales.
Finalmente, las autoridades reportaron la identificación de 136 víctimas de trata. De este grupo, 134 personas recibieron asistencia integral financiada por el Estado, la cual abarcó servicios médicos, apoyo psicológico, asesoría legal y acceso a refugios especializados, gracias a la coordinación entre la Procuraduría General, el Ministerio de la Mujer y el CONANI.