República Dominicana mejora su calificación en el informe estadounidense sobre trata de personas
La República Dominicana ha logrado ascender al Nivel 2 en el informe anual sobre trata de personas elaborado por la Embajada de los Estados Unidos. Este avance refleja los esfuerzos del Estado dominicano en la implementación de políticas públicas orientadas a la prevención, persecución y protección de las víctimas de este delito.
En el ámbito de la fiscalización laboral, el Ministerio de Trabajo ejecutó 1,050 inspecciones en sectores de alta vulnerabilidad, incluyendo la agricultura, la construcción y los ingenios azucareros. Como resultado de estas acciones, se procedió a la suspensión de 11 empresas por sospechas de trabajo forzoso y se logró la formalización de más de 7,400 trabajadores inmigrantes.
El sistema judicial también registró un incremento en su capacidad operativa, iniciando 229 investigaciones relacionadas con la trata de personas y procesando a 50 sospechosos bajo la legislación vigente. Asimismo, se realizaron modificaciones a la Ley 137-03 para eliminar la necesidad de probar coacción o fraude en casos que involucren a menores de edad, ajustando la normativa local a los estándares internacionales.
El compromiso institucional se extendió a la depuración interna, con la investigación de ocho funcionarios públicos por presunta complicidad, de los cuales tres enfrentan procesos judiciales. Estas acciones incluyen a miembros de los cuerpos de seguridad, reafirmando la intención de las autoridades de combatir la impunidad dentro de sus propias filas.
En cuanto a la atención a las víctimas, el Estado identificó a 136 personas afectadas, brindando asistencia financiada con recursos nacionales a 134 de ellas. Este apoyo se canalizó mediante la colaboración entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el CONANI, entidades que mantienen refugios especializados y garantizan la protección de testigos durante los litigios.
Finalmente, el país ha formalizado el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, asegurando su financiamiento presupuestario. Adicionalmente, se adoptó la Resolución 13-2024 para facilitar la identificación de personas apátridas y se mantiene la aplicación de penas severas de hasta 30 años de prisión para quienes exploten a menores de edad.